Las defensas de los cinco policías imputados por el caso Paucará presentaron una recusación contra la jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, y se opusieron a la elevación a juicio del proceso. La audiencia se realizó el último viernes y se espera una resolución en los próximos días.
Las defensas de los cinco policías imputados por el caso Paucará presentaron una recusación contra la jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, con el objetivo de apartarla de la causa. Además, se opusieron a la elevación a juicio del proceso, solicitada por el fiscal de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios.
Estas dos cuestiones se trataron el último viernes en una audiencia realizada en el Juzgado a cargo de Mas Saadi, con la presencia de la jueza, el fiscal Palacios y los abogados defensores Pedro Vélez y Luciano Rojas, quienes representan a diferentes efectivos.
En el acto procesal, Vélez y Rojas recusaron a la magistrada. Vélez explicó en una entrevista al programa “Agenda del Día” de Ancasti Streaming que, en una resolución previa, Mas Saadi consideró que “la causa tiene que ir a juicio”. “Entonces, considero que también adelanta opinión sobre el resultado de la oposición. Si ya emitió opinión, debería esperarse que no nos haga lugar a la oposición”, añadió.
El otro punto tratado fue la oposición a la elevación a juicio. Las defensas solicitaron el sobreseimiento de los imputados en esta etapa del proceso, mientras que la Fiscalía insistió en que los policías deben ser juzgados en el debate.
La jueza Mas Saadi escuchó los planteos de todas las partes. Se espera que su resolución se conozca en los próximos días.
El 30 de julio de este año, el fiscal Palacios dio por concluida la investigación y requirió la elevación a juicio de la causa contra Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce, Juan Marcelo Picón y Carlos Eduardo Romero Luján, imputados por la golpiza contra Ricardo Miguel Paucará en julio de 2015.
López, Valdez, Ponce y Picón están acusados como presuntos coautores de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional” y “vejaciones y lesiones graves en concurso ideal”. Romero Luján está imputado como presunto coautor de los delitos de “vejaciones y lesiones graves en concurso ideal”.
El fiscal consideró concluida la investigación al entender que se reunieron elementos de convicción suficientes para sostener la presunta participación de los cinco imputados en los hechos investigados.
Según la acusación, el 20 de julio de 2015, alrededor de las 16.00, Ricardo Miguel Paucará circulaba en un automóvil de alquiler por la intersección de las calles Salta y Chacabuco de la ciudad Capital. El vehículo fue interceptado por un móvil policial en el que se trasladaban López, Valdez, Ponce y Picón. Los efectivos habrían hecho descender e identificar a Paucará y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría Décima, sin orden y mediante abuso de funciones policiales.
Paucará habría permanecido privado ilegítimamente de su libertad desde aproximadamente las 16:10 del 20 de julio hasta las 13:00 del día siguiente. Luego del traslado, fue llevado a una oficina de la dependencia policial, donde habrían intervenido los cinco imputados, quienes se habrían cubierto el rostro y sometido a la víctima a agresiones físicas y psicológicas mientras permanecía esposada.
Según la descripción incorporada en el requerimiento, la víctima habría sido obligada a arrodillarse frente a una pared y habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo y azotes con cinturones en las plantas de los pies durante aproximadamente 30 o 40 minutos.
Como consecuencia de las lesiones, Paucará debió ser sometido a intervenciones quirúrgicas en la zona abdominal, que incluyeron la resección de un segmento intestinal. La pericia médica estableció un período de curación e incapacidad de entre 45 y 60 días. Una pericia psicológica del Cuerpo Interdisciplinario Forense determinó la existencia de daño psíquico.
Según información a la que accedió El Ancasti, es la tercera vez que se eleva a juicio la causa. En las dos ocasiones anteriores, la iniciativa de la Fiscalía no prosperó.
Valdez es representado por el abogado Vélez. López, Ponce, Picón y Romero Luján por el letrado Rojas.