El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta septiembre de 2026. El documento indica una reducción del gasto total en términos reales y variaciones dispares entre las distintas áreas del Estado.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta septiembre de 2026 y estableció que el gasto público nacional acumuló una caída del 31 por ciento en términos reales durante los primeros nueve meses de ese año respecto del mismo período de 2023.
El documento señala que la reducción no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas partidas. Según el relevamiento, los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aumentaron un 63 por ciento, mientras que los servicios de la deuda pública pasaron del 8,8 por ciento del gasto total en los primeros nueve meses de 2023 al 11,2 por ciento en igual lapso de 2026, con un crecimiento real interanual del 27,8 por ciento.
En el área de salud, el informe consigna que la Superintendencia de Servicios de Salud perdió un 73,4 por ciento de sus recursos reales respecto de 2023. En desarrollo social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registró una reducción cercana al 75 por ciento, la Prestación Alimentar cayó un 36,2 por ciento y los fondos para comedores comunitarios y merenderos se redujeron un 57,5 por ciento.
El documento también reporta disminuciones en organismos de control y transparencia: la Agencia de Acceso a la Información Pública perdió un 43 por ciento, la Defensoría del Pueblo un 40 por ciento y la Auditoría General de la Nación un 19 por ciento.
En obra pública, el informe indica que Vialidad perdió el 81 por ciento de sus recursos. Las transferencias no automáticas a provincias y municipios registraron una reducción superior al 90 por ciento.
El CEPA sostiene en sus conclusiones que el análisis de la ejecución presupuestaria permite identificar el perfil de la gestión y establecer qué sectores resultan favorecidos y cuáles perjudicados por las variaciones del gasto. El informe menciona entre los primeros a los acreedores de la deuda y las estructuras de inteligencia, y entre los segundos a jubilados, niños, familias que dependen de la asistencia alimentaria, usuarios de la salud pública, estudiantes y provincias.