La Confederación General del Trabajo presentó una recusación contra los magistrados que restablecieron la vigencia de la reforma laboral y solicitó la nulidad del fallo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los jueces que reactivaron la vigencia de la reforma laboral y solicitó la “nulidad absoluta” del fallo que dejó sin efecto una medida cautelar favorable a la central obrera. La presentación judicial apunta contra los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Según la CGT, ambos incurrieron en “prejuzgamiento” al adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, lo que, sostienen, afecta su imparcialidad. Además, la central sindical recusó específicamente a Pesino por considerar que habría favorecido la posición del Estado nacional, al tiempo que fue beneficiado con un pedido ante el Consejo de la Magistratura para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, tal como se publicó en el Boletín Oficial.
En su escrito, la CGT calificó esa situación como “una conducta contraria a la ética” y planteó que constituye una causa objetiva de apartamiento. También cuestionó duramente al Estado por promover la continuidad del magistrado tras un fallo alineado con la postura oficial.
El fallo de los jueces había restablecido la vigencia de la reforma laboral al considerar que no se afectaban derechos esenciales ni a sectores vulnerables, y que no estaba comprometida la “vida digna” en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas afirmaciones fueron uno de los principales argumentos de la central obrera para impulsar la recusación, al entender que implican una valoración anticipada del caso. “Genera desazón que se considere que los trabajadores en relación de dependencia no son socialmente vulnerables”, señalaron.
En paralelo, uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó la decisión judicial y afirmó que el accionar de los magistrados genera “un manto de duda y sospecha” sobre la independencia del proceso. El planteo ya fue presentado ante la Justicia y se suma a la apelación en curso contra el fallo, en un conflicto que mantiene en tensión al Gobierno y al movimiento sindical por los cambios en la legislación laboral.