La viralización de un video en el que una joven se burla de una compañera derivó en dos causas penales, un sumario educativo y un amparo. La Justicia Penal Juvenil investiga la producción y distribución de imágenes íntimas; la Fiscalía de Ciberdelitos, la agresión en redes.
La difusión de un video en el que una joven de 18 años se burla del aspecto de una compañera y hace referencia a un video íntimo de ella se viralizó en Catamarca y en el país. El hecho generó rechazo en redes sociales y derivó en actuaciones judiciales y administrativas.
Expediente en el Fuero Penal Juvenil
Según la investigación, en abril tres estudiantes se habrían apropiado del celular de una compañera y, sin su consentimiento, habrían accedido a un video íntimo de ella con su novio. El material habría comenzado a circular entre compañeros de la misma escuela y de otras.
En junio, la madre de la adolescente denunció los hechos. El fiscal Penal Guillermo Narváez está a cargo de la investigación. En septiembre, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito presidió una audiencia para evaluar un acuerdo de reparación integral del daño.
La madre de la joven afirmó que el intento de acuerdo no perseguía fines punitivos sino «evitar que los adolescentes involucrados y sus respectivas familias tuviéramos que atravesar un proceso penal, con el desgaste emocional y el sufrimiento que ello implica».
El fiscal Narváez se opuso a la extinción de la acción penal mediante esa alternativa, con base en la Resolución 51/24 de la Procuración General, que establece pautas para acuerdos conciliatorios y de reparación integral. Esa resolución dispone que las fiscalías deben oponerse a esos acuerdos en delitos cometidos en contextos de violencia familiar, de género o sexual, y en delitos contra niños, niñas y adolescentes.
Fuentes judiciales indicaron que, al no haber acuerdo entre defensas y querellas, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y el magistrado no tuvo que pronunciarse sobre la reparación integral.
Posteriormente, el fiscal imputó a los tres adolescentes por el presunto delito de «producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas, en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas».
El expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Los camaristas Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí deberán resolver dos planteos: uno de la defensa de dos acusados y otro del joven que aparece en el video, considerado ofendido pero excluido de la querella por ser mayor de 18 años.
Otra causa en Ciberdelitos
La viralización del video también dio inicio a una causa en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos. La denuncia la realizó la asesora de Menores e Incapaces Carolina Acuña Barrionuevo y la fiscal especializada Paola González Pinto está a cargo de la investigación. La estudiante denunciada ya tiene 18 años, por lo que interviene el fuero de adultos. Según se informó, la imputación sería inminente.
Medidas administrativas y amparo
El Ministerio de Educación y Trabajo inició un sumario a las autoridades escolares. La cartera educativa señaló que la institución nunca notificó los episodios previos: la difusión no consentida de material íntimo en abril y la denuncia penal en junio. Además, indicó que el establecimiento no activó los protocolos vigentes para salvaguardar la integridad de la adolescente y que no fue notificado formalmente por la Justicia sobre la denuncia penal ni sobre la investigación en curso.
El 26 de octubre, la institución educativa informó que los estudiantes imputados cursan de manera virtual y que la estudiante denunciada por la agresión fue reubicada en otro establecimiento. La estudiante presentó un recurso de amparo para que se resuelva su situación y se frene la expulsión. La jueza de Control de Garantías Cecilia Mas Saadi fue sorteada y se le confirmó la competencia.
Antecedente
En septiembre de 2024, un asalto en el barrio Parque América derivó en una propuesta de reparación económica homologada por el juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana. Esa medida generó rechazo de la Fiscalía General y planteos de nulidad. En diciembre de 2024, la Procuración General dictó la Resolución 51/24 con pautas para estos acuerdos. En marzo de 2025, el magistrado presentó su renuncia.
La Ley Nacional 27.372 reconoce a la víctima el derecho a ser escuchada antes de una decisión que extinga la acción penal. La madre de la adolescente explicó públicamente qué buscaba con el intento de acuerdo.