Un documento de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) indica que el proyecto minero Rincón Mining importó más de US$ 45 millones en equipos de tratamiento de agua, pese a que 17 empresas argentinas están capacitadas para fabricarlos. El caso se enmarca en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) puso en discusión el vínculo entre las grandes empresas que se radican bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los proveedores argentinos. El trabajo reveló que el proyecto minero Rincón Mining importó más de US$ 45 millones en equipos de tratamiento de agua, pese a que existen 17 empresas argentinas capacitadas para fabricarlos.
El documento, titulado “Capacidades Productivas Argentinas para la Minería – Tratamiento de Agua y Ósmosis Inversa”, tomó como referencia las importaciones identificadas para el proyecto de litio radicado en Salta, que pertenece a Rio Tinto. Según la Cámara, para ese equipamiento, que se utiliza en procesos industriales, “existe oferta tecnológica y productiva en la Argentina”.
El informe describe a los posibles proveedores: “El universo incluye fabricantes con trayectoria, ingeniería propia, instalaciones productivas y antecedentes en diferentes sectores industriales. Algunas empresas cuentan, además, con experiencia declarada en minería y proyectos de litio”.
El RIGI otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años. Quienes lo defienden sostienen que esas ventajas son el precio necesario para atraer capitales de gran escala. Sus detractores advierten que, tal como está diseñado, el esquema favorece de manera excesiva a las empresas extranjeras y lo hace en desmedro de la industria nacional, que atraviesa una crisis pocas veces vista. Además, los beneficios aduaneros que el RIGI otorga a los inversores hacen que importar resulte todavía más sencillo.
Para una provincia como Catamarca, con una fuerte presencia de proyectos mineros y expectativas crecientes de nuevas inversiones, el informe es representativo de una realidad que ha movilizado a proveedores locales para demandar una mayor participación de los beneficios de algunos emprendimientos mineros. La propia CIPIBIC considera que para garantizar la participación de los proveedores industriales locales, es preciso identificar las necesidades de equipamiento, vincular a los fabricantes nacionales con los responsables de ingeniería y compras de las empresas, y establecer mecanismos que permitan evaluar condiciones competitivas.
El texto concluye que será preciso introducir algunas regulaciones y entablar negociaciones con las grandes empresas que operan en el país bajo este régimen legal, de modo que los beneficios que obtienen gracias al RIGI se traduzcan también en el crecimiento de los proveedores locales. Un régimen pensado para atraer inversiones debe ser, además, una herramienta de desarrollo, señala.
