La Policía Federal realizó cinco allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Durante los procedimientos se secuestraron 367.110 dólares, documentación y dispositivos electrónicos.
La Policía Federal llevó a cabo cinco allanamientos el [fecha de los allanamientos, si se conoce; si no, se omite] por orden del juez federal Sebastián Casanello en el marco de una causa por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Cuatro de los allanamientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata.
En los procedimientos se secuestraron 367.110 dólares en efectivo, hallados en un domicilio particular y en una caja de seguridad en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor.
La investigación busca determinar si Gallé exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200.000 dólares.
Según la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido eliminar esa deuda a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanzaría al menos los 220.000 dólares. En los allanamientos se encontró un recibo manuscrito por 100.000 dólares y 12,7 millones de pesos. También se secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
La causa se originó a partir de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia de la propia empresa. En mayo, Casanello delegó la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
Ana Laura Hernández fue designada presidenta de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Durante su gestión se realizó una reestructuración que incluyó despidos de trabajadores, incorporación de directores y asesores con salarios elevados, y la contratación de la firma BDO para realizar una auditoría. También se desarticuló la Gerencia de Control de Gestión.
Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina e integrante del directorio de Tandanor, se alejó de la empresa en medio de diferencias con la conducción. La gestión de Hernández ocurrió en un contexto de sospechas internas sobre un posible remate de activos de la empresa, que ocupa más de 30 hectáreas en la zona de La Boca, frente al desarrollo Solares de Santa María.
Hernández dejó el cargo y fue reemplazada por Mauricio González Botto, vinculado a Posse. González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de privatizaciones del gobierno.
La causa federal por cohecho continúa en trámite. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.