El Gobierno provincial detectó 35 títulos docentes con inconsistencias en el IES Clara J. Armstrong

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El Gobierno de Catamarca informó sobre irregularidades en títulos docentes emitidos entre 2024 y 2025 por el IES Clara J. Armstrong. Se detectaron 35 títulos con inconsistencias y se designó un equipo normalizador.

El pasado 11 de agosto, el Gobierno provincial informó que el 26 de abril presentó una denuncia penal por irregularidades en el control de títulos docentes emitidos entre 2024 y 2025 por el Instituto de Estudios Superiores (IES) “Clara J. Armstrong”. Al contrastar los datos en los títulos digitales con la documentación aportada por las autoridades del IES, se detectaron “datos incompletos o contradictorios” y “copias presuntamente apócrifas de Actas de Libro Matriz y copias presuntamente apócrifas o duplicadas de Actas de Exámenes”, según consigna la denuncia.

El Gobierno informó que se detectaron formalmente 35 títulos de distintas carreras de formación docente con inconsistencias. Ante esto, se abrió un sumario administrativo y se designó un equipo de “normalización administrativa, pedagógica e institucional del IES”.

La rectora del IES, Robertina Mediavilla, está sumariada, aunque el Gobierno no la mencionó en el comunicado oficial. El gremio SIDCA también la señaló en declaraciones públicas.

El secretario general de SIDCA, Sergio Guillamondegui, declaró que la maniobra “viene desde 2018” y que están bajo sospecha 100 títulos docentes, no 35. “Compraron títulos desde maestras jardineras hasta el profesor de Geografía”, afirmó. Guillamondegui explicó que “es tan delincuente el que compra como el que vende” y que el circuito requería el uso de credenciales institucionales, de las cuales había dos en el IES, una de ellas perteneciente a la rectora.

El gremio sostiene que entre los docentes que se titularon desde 2018 a la fecha, 100 ejercerían con títulos apócrifos. Esto representa una fracción del total de docentes que trabajan en las aulas catamarqueñas.

El Estado provincial tiene la obligación de determinar cuántas personas están hoy frente a un aula o cobrando un salario docente sobre la base de una idoneidad no demostrada. La investigación penal está en curso y corresponde a la Justicia establecer responsabilidades en la falsificación de actas y libros matrices.

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