El 29 de septiembre se conmemoró la fecha proclamada por la ONU. En el país, solo el 1% de los alimentos desperdiciados, unas 16.000 toneladas, se recupera a través de bancos de alimentos y organizaciones sociales.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una fecha proclamada por las Naciones Unidas. En la Argentina cada año se desperdician 1.600.000 toneladas de alimentos y solo el 1 por ciento, unas 16 mil toneladas, recibe una segunda vida a través de los bancos de alimentos y las organizaciones sociales. El resto, aun cuando buena parte todavía es apto para el consumo, termina en la disposición final.
Argentina es un país donde millones de personas tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada y donde los comedores comunitarios hacen malabares para sostener el plato diario. Y, al mismo tiempo, es un país que descarta comida en cantidades que podrían aliviar buena parte de esa necesidad.
Según explicó Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos de Buenos Aires, cuando una empresa descarta un producto y lo envía a disposición final puede recuperar el IVA asociado; si lo dona, no. Para una firma resulta entonces más caro donar que tirar. Es una distorsión heredada de la propia estructura del impuesto, que viene de larga data y que ningún gobierno se ocupó de corregir.
Un estudio del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), realizado en el marco del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, sostiene que los hogares urbanos descartan en promedio 71,9 kilos de alimentos por persona al año, casi 200 gramos por día. Es cierto que una parte de ese peso corresponde a cáscaras, huesos y líquidos, pero un 28 por ciento son alimentos que normalmente se comerían. El deterioro durante el almacenamiento, la compra excesiva y las porciones de más figuran entre las causas principales.
Frente a este cuadro, cabe pensar en medidas graduales y realistas, que no exijan milagros presupuestarios pero sí decisión política y compromiso social. En primer lugar, corresponde revisar el tratamiento del IVA sobre los alimentos donados, de modo que donar deje de ser más oneroso que destruir. Los ejemplos de Colombia, Brasil y Chile, que ya otorgan incentivos económicos a las empresas donantes, muestran que el camino es viable y que el costo fiscal se compensa con beneficios sociales de largo plazo.
Asimismo, conviene fortalecer la logística de rescate, que es el eslabón más frágil, acompañando con apoyo estatal a los bancos de alimentos y a organizaciones del sector para que puedan cubrir combustible, transporte y materiales sin depender exclusivamente del aporte de quien solicita el servicio.
También hacen falta campañas sostenidas en escuelas y en medios sobre planificación de compras, conservación y aprovechamiento integral de los alimentos. Reducir el desperdicio es una forma inteligente de cuidar los recursos, de proteger el ambiente y, sobre todo, de honrar un principio elemental de justicia: que ningún alimento apto termine en un basural mientras alguien lo necesita.