El Poder Ejecutivo analiza la posible desregulación de la Ley 25542 de Defensa de la Actividad Librera, lo que implicaría la liberación de precios de venta al público de libros. La medida genera debate sobre sus consecuencias en pequeñas y medianas librerías, editoriales independientes y autores locales.
La Ley 25542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en noviembre de 2001, establece en su artículo 1° que el editor, importador o representante de libros debe fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) para el consumidor final. Esta norma busca evitar la competencia desleal entre grandes cadenas y pequeñas o medianas librerías, y preservar la llamada “bibliodiversidad”.
La posible desregulación implicaría la eliminación de ese precio uniforme, permitiendo que cada punto de venta fije su propio valor. Según especialistas consultados, esto podría reducir el costo de los libros en grandes superficies y cadenas, pero afectaría la viabilidad de las librerías independientes, que suelen ofrecer títulos de editoriales de menor tirada o de alcance regional.
Entre las consecuencias señaladas se mencionan:
- Las editoriales independientes o sellos sin distribución nacional podrían quedar limitados a ferias o encuentros literarios como canales de venta.
- Autores de obras emergentes o de temáticas locales tendrían menos oportunidades de llegar a lectores fuera de su región.
- Las grandes cadenas concentrarían su oferta en títulos de editoriales internacionales o de gran tiraje.
- Las librerías de barrio suelen ser espacios para presentaciones, talleres y debates que no siempre se replican en otros formatos.
- En localidades sin grandes librerías, las independientes son el único acceso físico al libro.
La desregulación también podría afectar a la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (n.º 25446), que establece una política estatal integral para la creación literaria, la industria gráfica y el acceso democrático a los textos. Ambas normativas están vinculadas.
En Catamarca, referentes del sector cultural señalaron que la eventual derogación de la ley de precio uniforme podría poner en riesgo la diversidad editorial y la identidad regional, al favorecer a grandes grupos económicos en desmedro de las producciones locales. No obstante, indicaron que podrían implementarse otras modalidades para garantizar la circulación del libro en soporte papel y la difusión de autores catamarqueños.