Trabajadores universitarios evalúan posibles paros para agosto tras la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de una resolución de la Corte Suprema.
Los docentes y no docentes universitarios continúan a la espera de que el Gobierno Nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso del Ejecutivo, obligando al cumplimiento de dos artículos de la ley, relacionados con aumentos salariales y actualización de becas estudiantiles.
Sin embargo, esos incrementos aún no se han concretado. La Justicia no dictó una sentencia definitiva debido al inicio de la feria judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó la habilitación de la feria para continuar el trámite, sin éxito.
Fernando Morales, secretario general de la Conadu Histórica, declaró: “Se juega a dilatar de forma administrativa y judicial el no cumplimiento de la cautelar, que es clara y precisa donde se le dice al Gobierno nacional que cumpla con el artículo 5 y 6”.
Morales afirmó que el gobierno de Javier Milei se basa en un acta acuerdo firmada en junio pasado, que estableció un aumento del 24,3% en dos cuotas: 21,3% en junio y 3% en octubre. “Cuando uno ve el acta, en ningún momento habla de la Ley 27795 ni de la cautelar”, sostuvo.
De cumplirse la actualización por inflación de la Ley de Financiamiento, los sueldos deberían haber aumentado un 56% en junio respecto de mayo, lo que implicaría una suba adicional del 29%.
Consultado sobre el inicio del segundo cuatrimestre, Morales adelantó: “El 5 de agosto tenemos el Congreso Nacional de Conadu Histórica. Ahí vamos a definir cómo vamos a encarar este segundo cuatrimestre. Evidentemente, si no se cumple la cautelar, vamos a volver a las medidas de fuerza”.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Senado en agosto de 2025, con media sanción previa de Diputados. Establecía una actualización del presupuesto universitario y salarios según la inflación desde fines de 2023. El presidente Milei la vetó en septiembre, pero la oposición rechazó el veto en octubre, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
El Ejecutivo promulgó la norma con un decreto que suspendía su ejecución hasta que el Congreso indicara fuentes de financiamiento. El CIN demandó esa decisión en el fuero Contencioso Administrativo Federal, solicitando una medida cautelar para cumplir dos artículos. La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó, aunque en mayo se suspendió hasta que la Corte Suprema resolviera el pedido del Ejecutivo.