La distancia entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la práctica se refleja en la dependencia financiera de los municipios y en la vigencia de una ley que no se aplica.
La Constitución de la provincia de Catamarca reconoce a los municipios autonomía política, administrativa, económica y financiera. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las comunas del interior dependen del Gobierno provincial para afrontar obligaciones como el pago del sueldo anual complementario. Según fuentes oficiales, los intendentes recurren periódicamente a la Casa de Gobierno en busca de asistencia financiera extraordinaria.
Otro caso es el de la ley que prohibió el cobro del plus médico en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). La norma fue sancionada tras denuncias de afiliados que debían pagar sumas adicionales para acceder a consultas y prestaciones ya cubiertas. No obstante, el cobro continuó realizándose de manera informal, sin comprobantes ni registro fiscal. La ley no fue aplicada por las autoridades de la OSEP ni por los colegios profesionales.
Ambos ejemplos muestran una misma situación: disposiciones formales que no se cumplen en la realidad. En el primer caso, la autonomía municipal existe en el texto constitucional, pero la falta de recursos propios la condiciona. En el segundo, una ley vigente prohíbe una práctica que sigue ocurriendo con normalidad.