sábado, 20 de diciembre de 2025 09:55
El Gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Bioética, un organismo que tendrá a su cargo la evaluación de los aspectos éticos, morales y legales vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud, según lo establece el Decreto 893/2025.
La iniciativa apunta a fortalecer la respuesta del Estado frente a los desafíos que plantea el avance científico y tecnológico, mediante la definición de criterios claros que contemplen múltiples miradas y garanticen la protección de los sujetos de investigación y la integridad de los ensayos clínicos.
La nueva Comisión será el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional, lo que permitirá ordenar un escenario caracterizado por la fragmentación y superposición de funciones entre distintos actores. En ese marco, el decreto dispone la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998 pero que nunca estuvo plenamente operativa, y la disolución del Comité de Ética en Investigación y del Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos dependientes del Ministerio de Salud.
Las funciones de estos organismos serán absorbidas por la Comisión Nacional de Bioética, que deberá reunirse al menos dos veces al año para abordar temas de interés propios, requerimientos de organismos públicos o situaciones emergentes que demanden un análisis bioético.
Entre sus principales funciones se encuentran el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado; la elaboración de estándares éticos para la investigación en salud y el uso de nuevas tecnologías; la producción de informes y recomendaciones; el fortalecimiento del vínculo con comités provinciales; y la promoción de instancias de capacitación, investigación y debate público sobre temas emergentes.
El organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, será presidido por el ministro de Salud, Mario Lugones, y estará integrado por seis miembros titulares y tres suplentes, especialistas en ética, expertos en salud, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía. Todos desempeñarán sus funciones ad honorem.
La normativa también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes de las provincias, con el objetivo de acreditar comités jurisdiccionales, consensuar criterios, recopilar experiencias territoriales y asistir en dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción.
Con este nuevo esquema institucional, el Gobierno busca fortalecer el trabajo federal, asegurar estándares homogéneos en todo el país y dotar de mayor previsibilidad y seguridad jurídica al desarrollo de la investigación científica y la aplicación de tecnologías en el ámbito de la salud.