El Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) suscribieron un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por el financiamiento universitario, aunque las universidades mantienen la demanda judicial.
El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que aún no se aplica.
La propuesta incluye un aumento salarial del 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre. Esta recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.
El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores informaron que «no retirarán la demanda judicial» sobre la causa que analiza la Corte Suprema por los fondos universitarios. Además del incremento salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.
El acta firmada incluye un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso y finalización de estudios en áreas clave para el desarrollo del país. También se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.
Las conversaciones abarcaron una negociación puntual para el personal docente de establecimientos preuniversitarios, donde la situación salarial es más delicada debido a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID). El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, y los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real con las organizaciones sindicales.
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, pero actualmente suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, sin plazo establecido para pronunciarse. El Gobierno sostiene que la ley sancionada por el Congreso es «ilegal» porque no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos.
Del lado sindical, desde Conadu afirmaron: «Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años».
Las universidades continúan en alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar. También hubo medidas de fuerza en colegios preuniversitarios, como la toma del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini.