El fiscal de Instrucción N° 8, Juan Manuel Sánchez Ruiz, rechazó la solicitud del abogado Bruno Darío Jerez para constituirse como querellante en la causa Wika. El expediente, iniciado en 2024, aún no cuenta con personas imputadas.
El fiscal de Instrucción N° 8, Juan Manuel Sánchez Ruiz, rechazó el pedido del abogado Bruno Darío Jerez para constituirse como querellante en la causa Wika, iniciada en 2024 a partir de la denuncia de Cristian Guillou contra Edgar Adhemar Bacchiani, la escribana Joaquina Gandini y otros.
En su resolución, el fiscal reconoció que a dos años de iniciada la investigación todavía no hay personas imputadas y la causa continúa en etapa de recolección de pruebas.
Señaló además que esa Fiscalía tiene acceso a otros expedientes conexos que tramitan en distintos fueros —Federal, la Justicia de Córdoba y Concursos y Quiebras—, y que contienen información sensible a la que las partes no pueden acceder, al menos hasta una instancia posterior a las declaraciones indagatorias.
En ese sentido, remarcó que todavía no existe un decreto formal de imputación y que tampoco se dispusieron llamados a indagatoria para ninguna de las personas investigadas.
Entre otros argumentos, el fiscal se centró en la naturaleza de los delitos que se investigan. Sostuvo que, al tratarse de presuntos hechos de insolvencia fraudulenta y quiebra fraudulenta, los damnificados conformarían “un conjunto de la ciudadanía”, cuyo interés colectivo estaría representado por los síndicos de las respectivas quiebras y no por los derechos individuales de cada acreedor.
Además, consideró que ante la existencia de más de mil acreedores verificados en los procesos de Adhemar Capital S.R.L. y Edgar Adhemar Bacchiani, la representación de los damnificados debe concentrarse en las sindicaturas concursales.
Para Sánchez Ruiz, esa medida permitiría ordenar la participación de los afectados y evitar posibles entorpecimientos o demoras en la investigación penal.
Ante el rechazo, Jerez presentó un recurso de oposición pidiendo al fiscal que revoque su decisión o, en caso contrario, remita el planteo al juez de Control de Garantías de turno.
En su presentación sostuvo que la falta de una imputación formal no impide que una persona damnificada pueda constituirse como querellante. También cuestionó que se restrinjan sus derechos por razones de operatividad procesal y advirtió: “El proceso penal debe adaptarse a la magnitud del delito investigado, y no la víctima ceder sus derechos para comodidad del órgano acusador”.
También negó que la sindicatura concursal pueda asumir la representación de las víctimas en el proceso penal. Argumentó que sus facultades están vinculadas con la administración y recomposición del patrimonio de la quiebra, dentro del ámbito comercial y civil, y que la legislación procesal de Catamarca no contempla una unificación obligatoria de la representación de los damnificados penales en la figura del síndico.
Finalmente, sostuvo que impedirle participar en la investigación limita su posibilidad de colaborar con el esclarecimiento de los hechos que, según afirmó, provocaron la pérdida de su patrimonio.
“Privarme del derecho de participar activamente y colaborar con el Ministerio Público en el esclarecimiento del fraude penal que destruyó mi patrimonio constituye una flagrante violación de las garantías judiciales básicas”, concluyó.