El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado remitió al Congreso un proyecto de más de 225 artículos que modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Mercado de Capitales y el régimen de tarjetas de crédito, entre otras normas.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que ingresó por mesa de entradas y ya tiene estado parlamentario. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General (cabecera), Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
El proyecto, que contiene más de 225 artículos, «se propone la modificación de diversos cuerpos normativos con la finalidad de eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, y profundizar en el camino de fortalecer la seguridad jurídica y la libertad económica», según los fundamentos de la norma.
Entre las reformas, se incluye la modificación del Código Civil y Comercial, la Ley de Mercado de Capitales, el régimen de Prenda con Registro, Certificados de Depósito a Plazo Fijo, Ley del Cheque, de Tarjetas de Crédito, de Warrants, de Financiamiento Productivo y del Impuesto a las Ganancias, entre otras normas.
Una de las reformas destacadas es el reconocimiento de que todo valor negociable puede emitirse, registrarse y negociarse en blockchain, lo que otorga validez legal plena a la tokenización. También se valida la emisión de pagarés con ajuste por inflación o dólar, que actualmente no está permitido porque la ley exige una «suma determinada». Con la reforma, se autoriza una suma determinable por índices objetivos y verificables, y se crea el pagaré producto o en especie, canjeable por bienes fungibles físicos como granos y minerales.
El proyecto modifica un decreto ley de 1946 de Prenda con Registro, pensado originalmente para ganado y cosechadoras, para extender el objeto a todo bien mueble, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias y flujos de fondos futuros, entre otros. Además, se crea la prenda flotante sin límite temporal, que permite prendar stock que va rotando sin individualizar cada bien, y se elimina el veto del primer acreedor para constituir una segunda prenda.
Otra modificación establece que el cupón que genera la tarjeta de crédito por cada transacción se convierte en un título ejecutivo endosable, negociable en el mercado de capitales y ejecutable contra el banco emisor, con el objetivo de que el comercio no espere entre 8 y 18 días para cobrar y pueda descontarlo como un cheque a una tasa menor.
Asimismo, se habilita que los plazos fijos a más de 365 días se puedan endosar para negociar en mercados secundarios bajo la competencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que permite al ahorrista no romper anticipadamente el plazo fijo y al banco evitar un rescate masivo anticipado.
El proyecto modifica 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales. Se incorpora el principio de neutralidad tecnológica para eliminar la exigencia del soporte de papel y las dudas sobre la validez de los activos digitales como títulos valores; se consagra el principio de inclusión financiera; se aclara que la protección al inversor consiste en brindar información plena y veraz y no en eliminar el riesgo; se elimina la referencia a asociaciones sindicales como sujetos a promover; y se crea la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago (ACRyP).
La CNV deja de ser un ente autárquico descentralizado y pasa a ser un organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, con autonomía funcional y financiera, y con un directorio de autoridades.
También se deroga el decreto de 1943 sobre planes de ahorro para la compra de autos, poniendo fin a las Sociedades de Capitalización y Ahorro. El proyecto reconoce el fracaso de la Ley de Financiamiento Productivo para PyMEs de 2018, que representa apenas el 2,3% del financiamiento y nunca superó el 4%. Se consagra el principio de desintermediación, que permite a las herramientas informáticas operar como ámbitos de negociación directa sin un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC). Además, se amplía el objeto para que se negocien no solo Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) sino también cheques, pagarés, warrants, letras de cambio, títulos electrónicos y otros instrumentos digitales que defina la Autoridad de Aplicación.
En materia impositiva, se estipula que los CEDEAR tributarán el impuesto a las Ganancias como si se hubiera comprado la acción extranjera directamente, para evitar que el ahorro local se dirija a activos externos con exenciones fiscales. Los Fondos Comunes de Inversión Inmobiliarios amplían su alcance y dejan de estar restringidos a la finalidad de vivienda social, por lo que cualquier vivienda y cualquier crédito hipotecario califican para el beneficio. Si se aporta un terreno a un fideicomiso, se permite diferir el pago del impuesto a las Ganancias hasta la liquidación de las cuotapartes recibidas.