El intendente de Pomán, Francisco Gordillo, reclamó que los concejales Walter Centeno y Maricel Quinteros se disculpen por la denuncia penal que la Justicia de Andalgalá desestimó. El presidente del Concejo Deliberante rechazó el pedido y sostuvo que la presentación se basó en el control de los fondos públicos.
El intendente de Pomán, Francisco Gordillo, exigió este viernes que los concejales Walter Centeno y Maricel Quinteros presenten una disculpa pública por la denuncia penal que impulsaron en su contra por la compra de la Casa Santa Rita. La Municipalidad informó que la Justicia de Andalgalá desestimó la denuncia contra el jefe comunal y funcionarios de su gestión.
Según el municipio, la resolución fue emitida el jueves 29 de octubre y alcanzó las acusaciones por la adquisición del inmueble destinado al Centro Cultural para la Tradición, Memoria y Arte Pomanista. Gordillo sostuvo que se confirmó la “total inexistencia de delito” y afirmó que las acusaciones “en su mayoría carecen de fundamentos y solo constituyen falsedades para desprestigiar y calumniar a mi persona, a los agentes afectados y a la institución que represento”.
“Nunca se buscó justicia en absoluto, solo la aviesa intención de perjudicar creyendo que a partir de la difamación gratuita se lograría lo que no se consigue con trabajo, esfuerzo y la vista puesta en el bienestar comunal”, expresó el intendente.
Gordillo vinculó la denuncia con una maniobra política. “La política debería basarse en el debate de ideas y proyectos, y no en situaciones falsas que tratan de buscar en los tribunales sus herramientas de campaña”, sostuvo. En ese marco, reclamó a Centeno y Quinteros “la presentación de una disculpa pública para con las personas que fuimos intencionadamente perjudicadas”.
El presidente del Concejo Deliberante, Walter Centeno, rechazó que la presentación hubiera tenido una motivación política y sostuvo que controlar cómo se gasta el dinero público forma parte de la responsabilidad para la que fue elegido. “La denuncia presentada en su momento no respondió a ninguna estrategia política ni a una ‘intención de perjudicar’. Surgió del análisis de elementos que requerían una investigación profunda”, afirmó.
Centeno también cuestionó los fundamentos de la desestimación. Según su interpretación, la Justicia se apoyó principalmente en pruebas formales emitidas por el propio Ejecutivo investigado. Consideró que eso refleja “una mirada parcial del conflicto que no se condice con los elementos fehacientes aportados por este cuerpo de concejales”.
A ese planteo sumó un reclamo por la falta de comunicación judicial. “Como denunciantes e integrantes de una institución del Estado, nunca fuimos notificados formalmente por la Justicia sobre este dictamen”, aseguró. Sostuvo que conocieron la resolución por los medios de comunicación y las publicaciones del intendente, quien, según señaló, ya disponía del documento antes que los denunciantes. Calificó esa situación como un “absoluto desmanejo institucional”.
Por último, ratificó que continuará con la fiscalización de los recursos municipales. “El debate de ideas es valioso, pero la rendición de cuentas clara y sin condiciones es obligatoria en una democracia saludable”, expresó.
El conflicto se originó en la adquisición directa de la Casa Santa Rita mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Los concejales cuestionaron que la compra no hubiera sido sometida a autorización legislativa y señalaron contradicciones entre la documentación del Ejecutivo y la escritura. La operación estaba valuada en unos 40 mil dólares y, según los planteos del cuerpo, se había abonado con 59,2 millones de pesos en efectivo.
Gordillo defendió el procedimiento con el argumento de que el Concejo estaba en receso. Los ediles, en cambio, señalaron que la cesión de derechos se había firmado cuando el cuerpo ya estaba en sesiones ordinarias. La disputa escaló cuando Gordillo concurrió al recinto para presentar un informe. Aseguró que la propiedad se había comprado con fondos ahorrados durante dos años y negó haber utilizado partidas salariales.
Tras ese episodio, Gordillo sostuvo que los cuestionamientos buscaban condicionar una eventual candidatura suya en 2027. Por su parte, el Concejo aprobó avanzar con la denuncia penal contra el intendente y los funcionarios involucrados en la operación. También solicitó al Tribunal de Cuentas una auditoría extraordinaria sobre la Tesorería municipal.