Los diputados provinciales del bloque Generar presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública en torno a la obra «Construcción Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca». La acusación apunta a exfuncionarios y a directivos de la firma MEGA S.R.L., y cuestiona un acuerdo conciliatorio firmado en mayo de 2026. Un diputado del Frente de Todos respaldó lo actuado por la Provincia.
Los diputados provinciales del bloque Generar, Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública en torno a la obra «Construcción Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca».
La acusación apunta directamente contra Alberto Alcides Kozicki, exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Máximo Matías Ramírez, exsecretario de Energía de esa cartera; y los directivos y representantes de la firma MEGA S.R.L., además de pedir que la investigación alcance a cualquier otro funcionario o particular involucrado.
Los delitos señalados de forma preliminar incluyen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado (y subsidiariamente peculado por negligencia), abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
El planteo judicial toma como base los hechos dados a conocer por El Ancasti. El escrito reconstruye el recorrido de la obra desde la compra anticipada de cañerías en 2021, la adjudicación en 2022 y la rescisión en 2024, haciendo foco en el Acuerdo Conciliatorio firmado el 12 de mayo de 2026. Según expusieron los legisladores, MEGA S.R.L. registraba una multa de alrededor de $1.963 millones por incumplimientos, pero la Provincia aceptó un pago de apenas $301 millones (poco más del 15%). La presentación advierte además sobre la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia estatal a reclamar perjuicios, la modificación de antecedentes registrales de la empresa y la firma del convenio por parte del Fiscal de Estado en comisión.
A esto se suma la adquisición de 116 kilómetros de caños de acero por $1.827 millones para una obra paralizada e inconclusa, motivo por el cual solicitaron un inventario urgente en los predios de acopio para verificar el material mediante su código estencilado.
«No estamos anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Estamos pidiendo que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido. Y que se diga con qué informes se tomó esa decisión», fundamentó el diputado Tiago Puente.
Durante la sesión en la Cámara baja, el diputado Eduardo Andrada (FDT) respaldó lo actuado por la Provincia y rechazó las acusaciones opositoras: «Si un gobierno quisiera ocultar algo, no lo publicaría en el Boletín Oficial».
Respecto a la adjudicación, explicó que se eligió «la oferta más barata de las tres» presentadas. Además, justificó el convenio con MEGA S.R.L. al sostener que la sanción no representaba fondos disponibles sino un litigio abierto: «Esa multa no era dinero en la caja de la Provincia. Era un crédito en discusión judicial».
En esa línea, remarcó que el acuerdo permitió cobrar fondos y destrabar la obra: «Cambiamos un papel incierto por plata cierta y un expediente cerrado».
«Que la Justicia pida todos los expedientes, que están completos y disponibles», afirmó. Y concluyó: «No vamos a aceptar que se confunda a la gente diciéndole que una decisión de gestión, discutible como toda decisión de gestión, constituye un delito».