El diputado provincial del FDT, Eduardo Andrada, defendió en la Legislatura el accionar del Gobierno Provincial en torno al gasoducto Lavalle-Catamarca y rechazó que se haya perdonado 1.600 millones de pesos. Sostuvo que se trataba de un crédito judicializado y que el acuerdo permitió obtener dinero en efectivo y cerrar juicios.
El diputado provincial del FDT, Eduardo Andrada, defendió durante la sesión de la Cámara de Diputados el accionar del Gobierno Provincial en torno al gasoducto Lavalle-Catamarca y cuestionó las denuncias realizadas por sectores de la oposición. «Con todo respeto, señora presidenta, todos los actos que hoy se cuestionan están publicados. Están los decretos, las resoluciones, los pliegos y los dictámenes», señaló Andrada, y agregó: «Si un gobierno quisiera ocultar algo, no lo publicaría en el Boletín Oficial».
El legislador también se refirió al proceso licitatorio y explicó que, en el segundo llamado, se presentaron tres empresas, con ofertas que superaban el presupuesto oficial en un 91%, 89% y 50%, respectivamente. «Se adjudicó a la oferta más barata de las tres, tal como lo aprobó la comisión evaluadora», sostuvo.
Uno de los principales puntos de su intervención fue la defensa del acuerdo alcanzado con la empresa. Andrada rechazó que la Provincia haya perdonado 1.600 millones de pesos y sostuvo que se trataba de un crédito judicializado. «Esa multa no era dinero en la caja de la Provincia. Era un crédito en discusión judicial. La empresa había iniciado un juicio ante la Corte de Justicia de Catamarca y nosotros no podíamos poner en riesgo las finanzas de la Provincia», afirmó.
En ese sentido, destacó que el acuerdo permitió obtener dinero en efectivo, rescindir el contrato con efecto a mayo de 2024 y retirar los juicios, dejando abierta la posibilidad de volver a licitar la obra. «Cambiamos un papel incierto por plata cierta y un expediente cerrado», sintetizó.
Finalmente, Andrada remarcó que los organismos jurídicos del Estado intervinieron en el análisis de legalidad y aseguró que la Provincia no tiene inconvenientes en que la Justicia revise los expedientes. «Nosotros no le tenemos miedo a la Justicia. Que investigue. Que pida todos los expedientes, que están completos y disponibles», afirmó. Y concluyó: «No vamos a aceptar que se confunda a la gente diciéndole que una decisión de gestión, discutible como toda decisión de gestión, constituye un delito».