El Gobierno nacional informó una reducción de la pobreza, pero especialistas señalan que los cálculos se apoyan en una canasta de consumo desactualizada y en estimaciones de ingresos informales con alta volatilidad muestral.
El Gobierno nacional difundió datos que indican una reducción de la pobreza, pero un análisis de las metodologías utilizadas por el INDEC revela que al menos dos de los argumentos centrales se basan en criterios cuestionados por analistas económicos.
El primero se refiere a la comparación entre la evolución de los salarios y la inflación medida por el INDEC. Según datos oficiales, los ingresos superaron a los precios en términos reales. Sin embargo, la canasta de consumo utilizada para medir la inflación no se actualiza desde 2004, lo que, según consultoras privadas, subestima el impacto real de los precios, especialmente en servicios. El propio Marco Lavagna, quien dirigió el INDEC hasta febrero, presentó su renuncia por la negativa del Ejecutivo a actualizar esa canasta. Si se aplicara una canasta actualizada, la inflación acumulada durante la gestión actual sería entre 10 y 15 puntos porcentuales mayor a la difundida, lo que modificaría los cálculos de pobreza.
El segundo punto cuestionado es el aumento real del 83% en los ingresos de los trabajadores informales entre noviembre de 2023 y la actualidad, según el INDEC. Mientras que los trabajadores registrados del sector privado y los empleados públicos perdieron poder adquisitivo en parte del período, el organismo estadístico sostiene que los informales lograron una recuperación inédita. No obstante, el mismo INDEC indica que el salario promedio de ese sector es de 731.000 pesos, equivalente a poco más de la mitad de la canasta básica utilizada para medir la línea de pobreza.
La medición de los ingresos informales se realiza mediante encuestas de hogares, con un margen de error superior al de los registros administrativos utilizados para el empleo formal. Esa volatilidad muestral puede generar variaciones estadísticas de gran magnitud sin que exista un correlato real en la economía de esos trabajadores, según especialistas.