La jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, dio a conocer los fundamentos de su resolución que declaró la nulidad total del requerimiento de elevación a juicio en la causa contra cinco policías imputados por la agresión a Ricardo Miguel Paucará. La Fiscalía tiene 15 días para subsanar errores.
La jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, dio a conocer los fundamentos de su resolución del 4 de septiembre de 2024, en la que declaró la nulidad total y absoluta de la elevación a juicio de la causa contra cinco policías imputados por la agresión a Ricardo Miguel Paucará. En el fallo, la magistrada ordenó a la Fiscalía subsanar los errores detectados en el expediente en un plazo de 15 días, contados a partir de que la resolución quede firme.
En sus fundamentos, Mas Saadi sostuvo que “no declarar la nulidad del requerimiento de citación a juicio formulado en esos términos únicamente dilataría más este proceso que ya lleva 11 años, con el claro impacto negativo que eso genera en la vida de todos los involucrados”. La jueza señaló que la Fiscalía hizo referencia a declaraciones anteriores de los imputados y las valoró para fundamentar el requerimiento, lo que calificó como “un error que vicia de nulidad a la referida pieza procesal”. Asimismo, indicó que “el gravamen en este caso es evidente y palpable” porque “la declaración de imputado es, por excelencia, el acto de defensa más valioso del proceso”.
La Fiscalía, por su parte, había alegado que tomó en consideración las declaraciones anteriores “a los fines de poder evaluar el contexto de los hechos ampliamente y contar con la versión de los imputados, con miras a preservar sus garantías”.
La decisión se produjo tras una audiencia de oposición celebrada en la sede del juzgado, en la que los abogados defensores de los efectivos, Pedro Vélez y Luciano Rojas, solicitaron el sobreseimiento de los cinco imputados y recusaron a la jueza, argumentando que habría adelantado opinión en resoluciones previas al sostener que la causa debía ir a debate oral.
El expediente investiga la agresión sufrida por Paucará el 20 de julio de 2015, cuando el automóvil de alquiler en el que circulaba fue interceptado en la esquina de Salta y Chacabuco. Según la acusación fiscal, los policías Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón hicieron descender a la víctima y la trasladaron sin orden judicial a la Comisaría Décima, donde permaneció privada de su libertad hasta el día siguiente. En la seccional, se sumó la intervención del efectivo Carlos Eduardo Romero Luján. Los uniformados se cubrieron los rostros y sometieron a la víctima a torturas físicas y psicológicas mientras se encontraba esposada, obligándola a arrodillarse para propinarle golpes y azotes con cinturones en la planta de los pies. Las lesiones derivadas del castigo requirieron cirugías abdominales con resección intestinal, con una incapacidad médica de hasta 60 días y secuelas psicológicas permanentes.
Actualmente, López, Valdez, Ponce y Picón están imputados como coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional en concurso real con vejaciones y lesiones graves. Romero Luján figura acusado como coautor de vejaciones y lesiones graves.