El Juzgado Civil y Comercial de 35ª Nominación de la ciudad de Córdoba resolvió que el Estado provincial es responsable por el intercambio de dos recién nacidas en una maternidad en 1977. El fallo, emitido el 6 de agosto, establece indemnizaciones para las afectadas.
La Justicia de Córdoba resolvió esta semana la responsabilidad del Estado provincial en un caso de identidad cruzada ocurrido en 1977, cuando el personal de una maternidad intercambió a dos recién nacidas y las entregó a las familias equivocadas.
En un fallo emitido el 6 de agosto, el juez Mariano Díaz Villasuso, titular del Juzgado Civil y Comercial de 35ª Nominación de la ciudad de Córdoba, determinó que el Estado provincial debe hacerse cargo del error. El caso salió a la luz cuando una de las mujeres afectadas inició una investigación siendo adulta.
La mujer acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para confirmar su vínculo sanguíneo con su familia. Las pruebas de ADN dieron negativo, por lo que se investigaron los nacimientos registrados en la misma fecha en esa maternidad, lo que permitió detectar el intercambio.
El fallo establece indemnizaciones de entre 25 y 30 millones de pesos, más intereses, para las dos mujeres y una de las madres involucradas, por daño moral. El juez señaló en su resolución: «Parece acaso evidente que la principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias».
«Mientras lo primero importa jurídicamente una obligación de medios, la segunda –que es lo que aquí se discute– es una propia y verdadera obligación de resultado», agregó el magistrado.
El juez consideró que las autoridades del hospital fallaron en su deber y que las mujeres crecieron alejadas de sus familias biológicas. Cuando el error se conoció, una de las madres y los dos padres involucrados ya habían fallecido.