Andrea Morales Leanza informó que realizó presentaciones ante la Fiscalía de Belén y ministerios provinciales por denuncias de agresiones e irregularidades en la actividad minera en Peñas Negras, y que debió ingresar a la zona desde Salta por falta de garantías.
La abogada Andrea Morales Leanza, patrocinante de la comunidad de Peñas Negras, departamento Antofagasta de la Sierra, manifestó en declaraciones públicas que no recibió respuestas de la Justicia ni de funcionarios provinciales ante las denuncias presentadas por agresiones e irregularidades en la actividad minera en la zona.
En diálogo con el programa “Mañana Central” de Ancasti Streaming, Morales Leanza describió la situación en la zona: “La situación de Peñas Negras es, como vengo expresándolo, se encuentra sitiada. Alrededor está lleno de policías. No hay posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca a Peñas Negras por cuanto hay grupos promineros que quedan al choque, que no permiten que Peñas Negras reciba ayuda, ni que se acerque su abogada, ni nadie que intente ayudar a Peñas Negras”.
La abogada señaló que los pobladores sufren agresiones continuas sin asistencia médica: “En estos últimos días han venido sufriendo golpes, heridas. Lo hemos denunciado también y no se ha hecho presente ningún sector de salud. O sea que hay un abandono total por parte del Estado, un silencio que los viene condenando a momentos de violencia constante por parte de los empresarios mineros, acompañados de la fuerza y de grupos promineros que no son de la zona”.
Cuestionó la validez legal de las autorizaciones otorgadas para la actividad extractiva: “En el 2026 volvemos a hacer una presentación atacando ese acto que otorga esos pedimentos mineros por encontrarse viciado, por no tener la observancia de los requisitos legales que son para este caso. No cuenta con informe de impacto ambiental, no cuenta principalmente con la Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad indígena. Todo el proceso es de forma ilegal, irregular”.
Morales Leanza detalló que la afectación alcanza a “alrededor de 36 familias que habitan ahí en Peñas Negras” y que, en conjunto con la comunidad vecina de Jasimaná (Salta), el conflicto involucra a “alrededor de 1.000 personas, entre niños y ancianos, a los que este emprendimiento les afectaría de forma directa”.
Respecto a los trámites judiciales e institucionales, afirmó: “Hicimos la presentación ante la Fiscalía de Belén con copia y pusimos en conocimiento al Fiscal General y a la Procuración de la Corte, o sea, está al tanto todo el sistema judicial, pidiendo que intervenga la Fiscalía en el territorio porque la comunidad ha denunciado que está sitiada”.
En cuanto a su decisión de ingresar al área desde Salta, explicó: “Esto es muy triste, que uno tenga que decidir entre ejercer la profesión o arriesgar su vida. Creo que estoy cumpliendo mi deber de acompañar a la comunidad y a mí me da más seguridad ingresar a Peñas Negras por Antofagasta, el municipio de Antofagasta, su intendente nos brinda seguridad, que ingresar por la provincia de Catamarca”.
Ante este marco, anticipó que abogados patrocinantes presentarán en los próximos días una acción de amparo interjurisdiccional.