La causa penal por la muerte de cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores de Catamarca quedó cerrada sin condenas, mientras la Justicia civil condenó al Estado provincial en dos ocasiones.
A 15 años del incendio ocurrido el 9 de septiembre de 2011 en la Alcaidía de Menores de Catamarca, la causa penal por la muerte de cuatro adolescentes permanece sin condenas. El expediente fue sobreseído en noviembre de 2025 y la decisión se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de la Nación. En el ámbito civil, dos sentencias, una de 2021 y otra de 2026, condenaron al Estado provincial a indemnizar a las familias de dos de las víctimas.
Las víctimas fueron Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16). Según consta en el expediente, los adolescentes colocaron un colchón en la puerta de la celda y lo incendiaron como protesta. El fuego se expandió y los cuatro fallecieron.
Desarrollo de la causa penal
Por homicidio culposo agravado quedaron imputados los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva y Adriana del Valle Galván. Carlos Daniel Leiva, también imputado, falleció en 2019. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público fueron imputadas las exjuezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, y el exministro de Gobierno y Justicia Javier Silva.
En agosto de 2015, el fiscal Miguel Mauvecín elevó la causa a juicio. En septiembre de 2016, el juez Ramón Porfirio Acuña sobreseyó a Figueroa y Nieto, y Silva fue sobreseído por prescripción. La causa quedó circunscripta a los cuatro policías.
En febrero de 2018, el expediente quedó en condiciones de celebrar el debate oral, pero este no se realizó. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023 se fijaron y suspendieron siete audiencias. El 21 de marzo de 2023 se programó la última, que también fue suspendida.
El 28 de noviembre de 2025, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, declaró la insubsistencia de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sobreseyó a los cuatro policías. La Sala atribuyó la demora al Ministerio Público Fiscal, al que señaló por no impulsar la causa, y al Poder Judicial, al que mencionó como responsable de la inacción. También ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría de Sumarios.
La fiscal Cynthia Romero presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la Sala Penal. El 14 de julio de 2026, el Ministerio Público Fiscal presentó una queja ante la Corte Suprema de la Nación, que aún no resolvió.
Sentencias civiles
En febrero de 2021, la jueza Silvina Millán, del Juzgado Civil de Cuarta Nominación, condenó al Estado provincial a pagar a Ana Mariel Mendoza, madre de Franco Sosa, $783.116,16 por daño patrimonial y $1.000.000 adicionales. La magistrada sostuvo que el Estado asume la custodia de las personas privadas de libertad y cuestionó la falta de requisa, la demora en sofocar el incendio y las condiciones edilicias.
En agosto de 2022, la familia de Nelson Fernández inició una demanda civil. El Estado provincial no contestó en plazo y su derecho fue declarado decaído. El 27 de agosto de 2026, la jueza María Lucía Cano, del Juzgado Civil de Quinta Nominación, condenó al Estado a pagar $156.777.575 más intereses, compuestos por $56.777.575,3 por pérdida de chance y $100.000.000 por daño moral.