La mujer detenida por presunta violencia familiar contra su hijo de 3 años recuperó la libertad tras pagar una caución de 2 millones de pesos. El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta impuso restricciones de acercamiento y contacto, y el Juzgado de Familia ordenó intervención asistencial.
El fiscal de Instrucción N.° 4 del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, dispuso la libertad de la mujer investigada en una causa por presunta violencia familiar contra su hijo de 3 años. La medida se adoptó una vez cumplidos los diez días de detención que habían sido previamente confirmados por el Juzgado de Control de Garantías.
La resolución se hizo efectiva luego de que la imputada cumplimentara el pago de una caución real fijada en 2 millones de pesos. Al recuperar la libertad, la acusada quedó sujeta al cumplimiento estricto de una serie de restricciones impuestas en la causa penal y a las medidas de protección ordenadas por el Juzgado de Familia N.° 1.
Entre las disposiciones dictadas, se estableció la prohibición de acercamiento al niño y la imposibilidad de ingresar al domicilio donde el menor se encuentre, medida que regirá hasta tanto cese la situación de riesgo y concluyan los informes técnicos ordenados en el fuero de Familia.
Asimismo, la imputada no podrá aproximarse a los lugares que el niño frecuente habitualmente, incluida la vía pública, debiendo mantener una distancia mínima de 200 metros. Tampoco podrá comunicarse, relacionarse o mantener contacto de cualquier tipo con la víctima, ya sea de forma presencial, telefónica, mediante dispositivos móviles, correo electrónico, redes sociales, a través de terceras personas o por cualquier otro medio. Todas estas medidas fueron impuestas bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal).
Intervención asistencial y prosecución de la causa
En paralelo, el Juzgado de Familia N.° 1 ordenó con carácter urgente la intervención del Equipo Técnico Forense (ETF) para la elaboración de informes socioambientales y psicológicos sobre el grupo familiar. Además, se dio participación a la Secretaría de Familia y al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a fin de arbitrar las medidas asistenciales correspondientes para otras dos niñas que conviven con la acusada.
La investigación penal para determinar las responsabilidades del hecho continúa bajo el trámite de la Fiscalía de Instrucción N.° 4 del Distrito Oeste.