La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió un paro total de actividades del 18 al 22 de agosto, en el marco de un plan de lucha por demandas salariales y presupuestarias.
La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) convocó a un paro total de actividades por cinco días consecutivos, del 18 al 22 de agosto. La medida fue ratificada por el Congreso Extraordinario de la entidad, que contó con la representación de los sindicatos de base de todo el país.
Según informó la organización gremial, la decisión se adoptó en el marco del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que había lanzado un paro nacional esta semana. Los delegados señalaron que, pese a la resolución cautelar favorable a los planteos de la comunidad universitaria emitida por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo no dio respuestas a las demandas del sector.
Entre los reclamos, la CONADU Histórica mencionó un atraso salarial del 28,5% al mes de junio, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de pago de montos retroactivos adeudados a docentes y trabajadores preuniversitarios.
La entidad propuso al Frente Sindical de Universidades Nacionales coordinar acciones para masificar el paro semanal y articular medidas conjuntas en el espacio público. Además, acordaron comenzar a gestar una nueva Marcha Federal Universitaria junto a agrupaciones estudiantiles, el gremio nodocente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organismos del sistema de ciencia y tecnología.
El plan de lucha también contempló una Jornada Nacional de Lucha realizada el jueves 6 de agosto, con cese de tareas, retiro gremial o paros locales, para rechazar el proyecto de ley denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
Finalmente, el plenario expresó su rechazo institucional a las declaraciones del Poder Ejecutivo que calificaron de «terroristas» a sectores del movimiento popular y sindical docente, y repudió iniciativas legislativas vinculadas a modificar los esquemas de denuncias por violencia de género. El conflicto salarial se mantiene abierto.