La Cámara de Diputados de Catamarca aprobó este miércoles en primera instancia el proyecto que crea el Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La iniciativa unifica dos proyectos previos y establece un certificado obligatorio para trabajar con menores y personas vulnerables, con plazos de permanencia de hasta 30 años.
La Cámara de Diputados de Catamarca le dio media sanción este miércoles al proyecto que crea el Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La norma, que ahora será tratada por el Senado provincial, unifica las iniciativas presentadas en 2025 por la diputada Natalia Saseta (PRO) y en abril de 2026 por el diputado Exequiel Moreno (Frente de Todos).
Según el texto aprobado, las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual serán incorporadas al registro desde la sentencia de primera instancia, con carácter provisorio, y adquirirán inscripción definitiva cuando la condena quede firme. En caso de reincidencia, la inscripción será permanente y vitalicia.
Se creó además un portal web oficial administrado por el Poder Judicial, de consulta libre, gratuita y permanente cuando se acredite interés legítimo. El portal permitirá búsquedas por nombre, apellido o documento, y publicará datos como nombre completo, apodo, último domicilio, fotografía actualizada, documento de identidad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, datos del expediente, delito, pena impuesta y situación procesal, con identificación expresa de reincidentes.
El proyecto establece el Certificado de No Inscripción, obligatorio para ejercer funciones docentes, auxiliares o de cuidado en establecimientos educativos; trabajar en instituciones de atención o alojamiento de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores; desarrollar actividades deportivas, recreativas o formativas con menores; ejercer funciones de guarda o acompañamiento de personas vulnerables; y acceder a designaciones en los tres poderes del Estado.
Los plazos mínimos de permanencia en el registro son de 30 años cuando el delito fue cometido contra un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, y de 20 años para otros delitos sexuales. Cumplidos esos plazos, la persona podrá solicitar una revisión judicial, y el juez podrá prorrogar la inscripción por períodos de hasta cinco años si las circunstancias lo justifican.
La diputada Natalia Saseta afirmó que el objetivo del registro es evitar la reincidencia y proteger a niños, niñas y adolescentes. Señaló que la unificación con el proyecto de Exequiel Moreno no presentó dificultades y que la obligatoriedad del Certificado de No Inscripción fue un aporte de la iniciativa de Moreno. Remarcó que el despacho buscó no vulnerar principios constitucionales respecto de las personas condenadas una vez cumplida la pena.