Los abogados de José Javier Aguilar, condenado por la muerte del policía Carlos Diego Chávez, adelantaron que presentarán un recurso de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca. Cuestionan los fundamentos y el método para fijar la pena de 20 años de prisión.
Los abogados defensores de José Javier Aguilar, Jorge Rafael Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, anunciaron que presentarán un recurso de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca. Aguilar fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio del policía Carlos Diego Chávez, ocurrido en Valle Chico.
Según la defensa, la pena impuesta reintrodujo la condición policial de la víctima al momento de fijar la condena, lo que consideran una doble valoración. “Una pena se distingue de una venganza”, declaró Bracamonte (h). Cuestionó tanto los fundamentos como el método utilizado para calcular los 20 años.
La escala penal para el delito de homicidio simple es de 8 a 25 años de prisión. La defensa señaló que la condena se ubica a cinco años del máximo y que esa distancia es el dato central a discutir.
El primer argumento se basa en la prohibición de doble valoración. La defensa recordó que un primer juicio fue anulado por la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca porque el juez director respondió mal una pregunta del jurado sobre los requisitos del homicidio agravado. En el segundo juicio, el jurado concluyó que no estaba probado que Aguilar matara a Chávez por su condición de policía y lo declaró culpable de homicidio simple. Para la defensa, ese mismo elemento —la función policial de la víctima— no puede reaparecer al fijar la pena para justificar una condena severa.
El segundo cuestionamiento apunta al criterio utilizado para arribar a los 20 años. La defensa indicó que se promediaron el piso (8 años) y el techo (25 años) de la escala penal para obtener un “punto de partida” de 16 años y medio, método que no figura en el Código Penal. Además, la condena superó ese punto de referencia.
La defensa también cuestionó que en los fundamentos se pondere la función social del policía y el dolor de la familia de la víctima, sin detenerse en la pregunta central: qué hizo exactamente el condenado y cuánto merece pagar. “Son consideraciones legítimas para un discurso público, pero ninguna reemplaza la pregunta que el derecho penal exige responder”, señaló Bracamonte (h).
El recurso de casación será presentado ante la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, el mismo tribunal que anuló el primer veredicto en febrero. Será la segunda vez que el expediente llegue a esa instancia.
La defensa remarcó que la sentencia no menciona los golpes que Aguilar recibió al momento de su detención, que requirieron internación. Ese punto conecta con una causa paralela por presunta violencia policial, iniciada en 2022. “Sobre los golpes que Aguilar recibió al ser detenido —tan severos que requirió internación—, la sentencia no dice una palabra. El mismo fallo que pondera cada gesto del condenado no encuentra una línea para la violencia que el Estado ejerció sobre él”, consideró.
A las horas de ser detenido, Aguilar fue internado en el Hospital San Juan Bautista con lesiones óseas en el tórax y contusión pulmonar. Las lesiones fueron constatadas por el Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial. La Policía de la Provincia informó en 2022 que abriría una investigación interna sobre el procedimiento.