La Sala de Sumarios del máximo tribunal provincial dispuso la cesantía de Gonzalo Guiñazú, quien se incorporó ítems no correspondidos en su liquidación de haberes y percibió $15.400.000 de forma irregular.
La Sala de Sumarios de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió la cesantía del contador público nacional Gonzalo Eduardo Guiñazú, quien enfrenta una causa penal por fraude a la administración pública. La decisión fue tomada el 9 de mayo de 2024, cuando Guiñazú ya estaba imputado en la causa penal iniciada en febrero de ese año.
Guiñazú se desempeñaba en la Secretaría Contable del Poder Judicial desde 2022 y, desde noviembre de 2024, estaba a cargo del Departamento de Liquidación de Haberes. Durante varios meses, incorporó a su propio recibo de sueldo conceptos como “haberes adeudados” y “adicional por 30 años de servicio”, con los que percibió $15.400.000. La maniobra fue descubierta por el secretario Contable, Pablo Andrés Rachid Florit, quien denunció el hecho ante la Fiscalía n.º 6, a cargo de Facundo Barros Jorrat.
El fiscal determinó mediante una pericia contable que el perjuicio a la administración alcanzó los $15.400.000. Citado a descargo, Guiñazú reconoció la maniobra y afirmó que consideraba que la Corte tenía una deuda con él por cumplir funciones de mayor responsabilidad, por lo que se incluyó esos ítems para saldar la deuda en cuotas.
El hombre impugnó el procedimiento sumarial argumentando que había presentado su renuncia indeclinable al Poder Judicial en marzo de 2025. Sin embargo, la Corte no había aceptado su renuncia y entendió que la relación laboral no había concluido, por lo que el trámite prosiguió.
Los ministros Miguel Figueroa Vicario, Verónica Saldaño y José Cáceres señalaron que “Guiñazú transgredió el deber establecido al emprender una serie de actos inapropiados que no solo trascendieron y lesionaron la confianza en la función pública”. Citando jurisprudencia, agregaron que “el actor incumplió su deber de decoro, por cuanto, en vez de privilegiar las exigencias de su función sobre sus intereses particulares, violentó el juicio de previsibilidad que sirve de sostén a la confianza que debe animar a las instituciones en general y al Poder Judicial en particular”.
La causa penal fue elevada a juicio por el fiscal Barros Jorrat en octubre de 2024. Guiñazú presentó planteos de oposición, que fueron rechazados por el juez de Garantías n.º 1, Santiago Ahumada Franzzini, quien confirmó las actuaciones y solicitó fecha para el inicio del juicio. El contador apeló la decisión, y la causa está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.