El Gobierno nacional recortó más de $970.000 millones a las provincias y frenó obras hídricas clave

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Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo nacional reestructuró el Presupuesto 2026 con un ajuste que supera los $970.000 millones, afectando transferencias a provincias y municipios, y suspendiendo financiamiento para obras de infraestructura hídrica y saneamiento en distintas regiones del país.

El Gobierno nacional, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, consolidó un ajuste superior a los $970.000 millones que impacta directamente sobre las finanzas de provincias y municipios. La medida, que reestructura el Presupuesto 2026, se centra en la eliminación de transferencias directas y la suspensión definitiva de financiamiento para obras de infraestructura hídrica y saneamiento en diversos puntos del país.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el grueso del recorte afectó partidas de las “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y del Ministerio del Interior. En detalle, se quitaron $494.290 millones en transferencias para gastos corrientes de administraciones provinciales y otros $155.710 millones vinculados a servicios sociales para el interior. Además, el programa de “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” sufrió una reducción de $320.711 millones, eliminando fondos vitales para el funcionamiento operativo de los distritos.

La readecuación presupuestaria también profundizó la paralización de la obra pública. El Ministerio de Economía desactivó el programa de “Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento”, con un recorte de $27.641 millones, dejando sin financiamiento proyectos estratégicos de provisión de agua y tratamiento de efluentes.

Entre las obras que quedaron desfinanciadas se destacan el Acueducto Vipos en Tucumán (-$7.359 millones), el Sistema de Agua Potable de Concordia (-$4.713 millones), la Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela (-$4.284 millones) y el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut (-$4.121 millones). Esta medida representa uno de los mayores ajustes sobre la infraestructura federal registrados en el presente ejercicio.

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