La Universidad de Buenos Aires advirtió que el Gobierno nacional no transfirió los recursos operativos previstos para sus seis centros de salud durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que genera una crisis en la atención de pacientes.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno nacional mantiene paralizado el envío de fondos operativos para sus hospitales, lo que genera un escenario de emergencia sanitaria y pone en riesgo la atención de cientos de miles de pacientes.
Según indicaron autoridades académicas, durante el primer cuatrimestre de 2026 la ejecución presupuestaria destinada al área de salud universitaria fue de “cero pesos”. En ese sentido, advirtieron que la administración de Javier Milei no transfirió los recursos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril.
De acuerdo con los datos difundidos, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios, pero la falta de desembolsos ya acumula una deuda cercana a los 20.000 millones, que deberían haberse destinado a insumos, mantenimiento y servicios esenciales.
“La administración actual está incumpliendo su propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente”, señalaron desde la casa de estudios.
Ante la gravedad de la situación, los directores de la red de hospitales convocaron a una conferencia de prensa para este martes en el Hospital de Clínicas José de San Martín, donde brindarán detalles sobre el impacto de la medida.
El reclamo involucra a los seis centros de salud que dependen de la UBA: el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Desde la institución advirtieron que la falta de financiamiento no solo afecta a la Ciudad de Buenos Aires, sino que podría sentar un precedente para el resto de las universidades nacionales. Además, remarcaron que esta situación se suma a la tensión por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y ratificada por la Justicia.
En ese marco, sindicatos docentes y no docentes señalaron que el Gobierno estaría incurriendo en un doble incumplimiento: por un lado, de la ley específica de financiamiento universitario y, por otro, de la Ley de Presupuesto vigente.