martes, 3 de marzo de 2026 01:56
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El Gobierno Nacional celebró la aprobación de la reforma laboral la semana pasada como un paso decisivo en su programa de “modernización” económica y, luego, ratificó el superávit fiscal como principio fundante en su discurso ante el Congreso del domingo.
Lo que no explicó es que los cambios introducidos por su reforma pueden ocasionar inconvenientes en las cuentas públicas durante este año.
En un esquema en el que el oficialismo volvió a presentar al superávit fiscal como prioridad excluyente de la política económica, cualquier debilitamiento estructural de los recursos anticipa un escenario de mayores ajustes. Por eso, en términos fiscales, la disminución de ingresos contributivos deberá compensarse mediante otras fuentes de financiamiento o, en su defecto, a través de un recorte adicional del gasto público -en un contexto donde las jubilaciones y pensiones ya operan como variable de ajuste-.
El problema adquiere mayor relevancia en un escenario de estancamiento económico y deterioro del empleo formal, que erosiona de manera persistente el financiamiento del sistema en su conjunto.
El resultado fiscal proyectado para 2026 se configura en torno a un equilibrio “atado con alambres”, sostenido en buena medida por el recorte del gasto social en un contexto de menor recaudación contributiva. Esto vuelve a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de la consistencia del programa económico actual, el desfinanciamiento del sistema previsional, el cumplimiento de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, la cada vez más lejana, recomposición de ingresos de la población.