lunes, 7 de abril de 2025 13:11
El diputado Hugo Daniel Ávila cuestionó con dureza la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de Catamarca de rechazar la sesión especial solicitada por legisladores de la oposición para tratar la creación de una crear la Comisión Especial de Seguimiento a las estafas procesales.
En diálogo con Mensajes en la Radio, el programa matutino de Radio El Esquiú 95.3, Ávila denunció: “Lamentablemente no accede el oficialismo que tiene una mayoría clara acá de 23 sobre 41, impiden que se pueda hacer una sesión especial cuando está planteado dentro del reglamento”. Según el legislador, el rechazo impide avanzar en el control del accionar judicial ante denuncias de despojo de tierras.
“Nosotros representamos a un pueblo que está angustiado por estos casos, que está siendo damnificado por estafadores que han montado desde el Estado un sistema para llevar adelante estas estafas, donde el Poder Judicial ha tenido una actitud permisiva o cómplice”, expresó. A Además, apuntó directamente contra Catastro, el Registro de la Propiedad y el intendente de San Fernando: “Si es así, finalmente, desde el Poder Legislativo tenemos que pedir el juicio, el Jury o el juicio político a los fiscales que tengan responsabilidad en estas estafas, que tiene cientos de víctimas, por no decir miles, en el interior con todos los procesos de despojo de tierra a los legítimos dueños, donde intendentes como el Intendente de San Fernando están participando activamente con la complicidad del Poder Judicial de Belén y también de Catastro y Registro de la Propiedad”.
Ávila también criticó al Ejecutivo por no haber pedido la renuncia de los funcionarios involucrados: “Pasaban cosas gravísimas y ellos parecía que no las detectaban. Por acción o por omisión, terminan siendo responsables y ya el Poder Ejecutivo tendría que haber pedido la renuncia de los funcionarios de ambos organismos públicos, que sin la participación de esos organismos no se hubieran podido consumar estas estafas”.
Sobre la situación económica, cuestionó los recortes del Gobierno y la suspensión del programa One Shot Plus. “Me parece a mí que la provincia administra mal los recursos, tiene un derroche excesivo en viajes con comitivas numerosas por el extranjero, con el uso y abuso del avión sanitario”, dijo, y sumó críticas a los gastos en sueldos políticos: “Son 3000 asesores fuera de nivel que le cuestan al Estado en total 12.000 millones de pesos al mes”.
Finalmente, adelantó que insistirá con el proyecto a partir de mayo: “Voy a insistir en la comisión a donde lo envíen, para que tenga tratamiento”.