jueves, 3 de abril de 2025 19:50
Por medio del Esquiu Play se realizó una importante entrevistan con el abogado querellante de la causa relacionada con la tragedia de Alcairía, que dejó cuatro víctimas fatales hace casi 14 años. En esta ocasión, el Doctor Javier Espinoza, representante de las familias de las víctimas, expresó su preocupación por la lentitud del proceso judicial.
Durante la transmisión, comentó sobre la reciente presentación del Doctor Gandini, que solicitó la prescripción de la causa para al menos dos de los imputados. Espinoza subrayó que es inaceptable que un caso tan complejo y con tanta carga emocional para las familias de las víctimas continúe sin avance significativo.
«Nos encantaría que este juicio finalmente se realice, ya que llevamos desde septiembre de 2011 esperando respuestas», afirmó Espinoza. Además, mencionó que algunas madres de las víctimas han fallecido sin ver justicia por sus hijos, lo que agrava aún más la situación.
El abogado defensor, Dr. Daniel, planteó argumentos que Espinoza refutó contundentemente, señalando que los plazos procesales no se están cumpliendo. Espinoza recalcó que, según el artículo 67 del Código Penal, la prescripción de la causa debe estar suspendida, dado que uno de los implicados aún ocupa un cargo en la función pública, lo que podría influir en el desarrollo del proceso.
El Doctor Espinoza también destacó que la situación actual del sistema judicial no cumple con los estándares de un «plazo razonable» para un caso de tal complejidad. «La comunidad exige que se haga justicia, y si no, pedimos la renuncia de todos los involucrados en esta causa», concluyó.
El clamor por justicia se hace cada vez más fuerte entre las familias afectadas, quienes siguen esperando respuestas de un sistema judicial que parece haber fracasado en su misión. Asimismo, Espinoza mencionó que varios jueces involucrados en el caso fueron sobreseídos, acusados de incumplimiento en su función como funcionarios públicos. «Esta causa se volvió política en su momento, pero luego perdió interés y los involucrados quedaron sobreseídos», afirmó. Además, subrayó que las madres de las víctimas han dejado claro que su objetivo no es venganza, sino justicia.
A pesar de la complejidad del caso, Espinoza indicó que la prueba de los hechos es evidente. Sin embargo, se enfrentan a una serie de obstáculos en la causa. En 2023, se programó un debate que fue suspendido debido a problemas de salud del juez, y ahora ha sido postergado nuevamente.
Un tema central discutido fue el intento de la defensa de solicitar la prescripción de la causa, a lo que Espinoza se opone firmemente. «Si esta causa prescribe, el Estado también sería responsable, y no es nuestra intención ir contra el Estado, sino asegurarnos de que los policías se enfrenten al juicio», afirmó.
Espinoza destacó la gravedad de la situación, enfatizando que el trato a los adolescentes involucrados fue inhumano y que es fundamental que este proceso judicial no sirva solo para buscar justicia por las víctimas, sino también como un mecanismo para prevenir futuras injusticias dentro de la fuerza policial y el sistema judicial.
El Doctor también abordó la interrelación entre las causas civil y penal, señalando que la incertidumbre en el proceso penal está afectando el reclamo civil de las madres de las víctimas, quienes buscan compensaciones económicas que dependen de la resolución del proceso penal. A pesar de haber obtenido sentencias favorables en el ámbito civil, estas siguen atadas a la resolución del caso penal.
«Estamos esperando que se fije una fecha de juicio, y si bien estamos al acecho de la respuesta de la fiscal, esperamos que en nuestra próxima reunión podamos anunciar una fecha de inicio del debate», concluyó Espinoza, dejando en claro la urgencia de llevar a cabo este juicio. La comunidad sigue atenta a los desarrollos de un caso que ha marcado a muchas familias y a la sociedad en general.