El exdiputado Hugo Ávila solicitó que la ministra de la Corte no intervenga en el amparo colectivo que presentó para frenar el acuerdo entre Catamarca y Salta por el proyecto minero Diablillos, al considerar que participó en los convenios impugnados.
El exdiputado provincial Hugo Ávila (FAC) presentó una recusación contra la ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, para que se aparte de la definición del amparo colectivo que promovió en abril de este año con el fin de frenar el acuerdo entre Catamarca y Salta por el proyecto minero Diablillos, ubicado en la zona de cooperación entre ambas provincias.
Ávila fundamentó la recusación en que Rosales Andreotti se desempeñó como asesora general de Gobierno antes de llegar a la Corte y en 2020 integró la comisión de límites a la que se refieren los convenios que impugna. Citó el anexo del protocolo adicional en el que se creó un equipo técnico mixto integrado, por Catamarca, por María Fernanda Ávila, María Fernanda Rosales Andreotti y Olga Teresita Regalado.
El amparo colectivo fue presentado en abril contra el Estado Provincial y solicita la nulidad absoluta e insanable de tres acuerdos suscritos con Salta vinculados al proyecto Diablillos. El planteo sostiene la incompetencia constitucional del Poder Ejecutivo provincial para resolver una cuestión limítrofe cuya definición corresponde al Congreso, denuncia la cesión a Salta del 50% de los tributos, regalías y gravámenes sobre recursos naturales en el área en disputa y alega ausencia total de consulta previa, libre e informada a las comunidades de Antofagasta de la Sierra.
La Sala de Amparo de la Corte de Justicia respondió a principios de este mes que no había resuelto la cuestión de fondo del recurso y que debía ser definida por el pleno de los miembros.
En su presentación, Ávila afirmó que se encuentra gravemente comprometida la imparcialidad e independencia de juicio de un magistrado y que debe resolverse su apartamiento. Sostuvo que no podría ser otra la solución, a riesgo de violentar los más elementales principios del debido proceso y de la defensa en juicio, ya que la misma fue partícipe necesaria en las operaciones que culminaron en los abusos del Poder Ejecutivo y la desobediencia a la Corte Suprema de Justicia.
