La Cámara alta tratará este jueves el proyecto que convierte en permanente el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, promueve la sanción, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, había solicitado frenar la iniciativa por su costo fiscal.
El Senado realizará este jueves una sesión cuyo eje central será la sanción definitiva del proyecto de ley de Discapacidad, según informaron fuentes parlamentarias. La iniciativa cuenta con respaldo de aliados y del bloque peronista, y mantiene los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, impulsa la sesión para convertir en ley el proyecto que tuvo dictamen de comisión. La semana pasada, Bullrich había anticipado su voluntad de avanzar con la sanción, pese a que el Poder Ejecutivo prefería demorar la aprobación e incluso realizó gestiones para introducir cambios al texto aprobado en Diputados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), mantener el régimen de prestaciones del proyecto, junto con la actualización mensual por inflación y la implementación de un arancel único del nomenclador, requerirá un refuerzo de $600.000 millones en las partidas del Presupuesto 2027, equivalente al 0,04% del PBI. Para 2028 y los años siguientes, el gasto anual superaría los $1,2 billones, alrededor del 0,07% del PBI.
«Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», señaló Bullrich el jueves pasado en la red social X.
La agenda de la sesión se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles a las 15. Además del proyecto de Discapacidad, podrían sumarse la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la ley Joaquín, que ya fueron sancionadas por Diputados.
En paralelo, el martes a las 15 se discutirá en el Senado el proyecto de reforma electoral que propone la suspensión de las PASO, con el objetivo de firmar el despacho de comisión. Ese mismo día, la comisión de Presupuesto buscará emitir dictamen para que el Presupuesto 2027 pueda ser debatido en la sesión del 25 de noviembre.
El proyecto, denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», replica el esquema de beneficios de la Ley 27.793 pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad, para convertirlo en norma permanente y de orden público.
Entre sus puntos principales, mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asimismo, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
