Según el último informe de la OCDE, la extracción de recursos al campo argentino representó en promedio el 13,5% de los ingresos brutos del sector entre 2023 y 2025. El economista David Miazzo analizó los resultados y detalló los factores que explican la situación.
Argentina ocupa el primer lugar entre los países que más recursos extraen a su sector agropecuario, de acuerdo con el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide el Estimado de Apoyo al Productor (EAP). El país, junto con Vietnam y la India, integra el grupo de tres naciones de la muestra internacional donde el apoyo a la producción es negativo.
Según el análisis de David Miazzo, economista especializado en el sector agropecuario, durante el período 2023-2025 la extracción de recursos representó, en promedio, el 13,5% de los ingresos brutos de la producción agropecuaria argentina. En términos absolutos, esto equivale a una transferencia negativa de aproximadamente US$ 8.600 millones por año.
«De cada 100 de ingreso bruto de toda la suma del agro, 13,5 fue el promedio que terminó extrayendo», explicó Miazzo al analizar los resultados del trabajo de la OCDE.
El economista remarcó que Argentina comparte esta particularidad con Vietnam y la India, aunque en esos países el mecanismo de extracción suele estar vinculado con restricciones a las exportaciones que deprimen los precios internos. Una dinámica que también tuvo antecedentes en el país, especialmente con la carne vacuna, el trigo y el maíz, a través de cierres de exportaciones, cupos y prohibiciones.
La situación argentina, según Miazzo, tiene como principal explicación la carga impositiva. «Mientras prácticamente todos los países del mundo apoyan y subsidian la producción agropecuaria, en Argentina se le ponen impuestos excesivos», señaló. Y resumió el resultado con una imagen: «Es una cancha claramente inclinada en contra de nuestros productores».
Una mejora, pero todavía insuficiente
Miazzo reconoció que el escenario actual muestra cambios respecto de años anteriores. La reducción de los derechos de exportación para algunos productos, su eliminación en varias economías regionales y la desaparición de las restricciones cuantitativas a las exportaciones modificaron las condiciones de funcionamiento del sector.
«Estamos mejor que en años anteriores», admitió. Sin embargo, advirtió que esos avances todavía no alcanzan para revertir la desventaja competitiva que enfrenta el agro argentino frente a sus competidores internacionales.
El principal factor detrás del apoyo negativo continúa siendo el peso de los derechos de exportación. En particular, la soja mantiene una alícuota del 24%, y por su importancia dentro de las ventas externas agropecuarias, el complejo sojero explica buena parte de la transferencia de recursos que registra el informe.
Aunque hubo reducciones, Miazzo sostuvo que las retenciones todavía generan una brecha significativa entre los precios que reciben los productores argentinos y los de otros países. Esa diferencia impacta directamente sobre las decisiones de inversión y el potencial productivo.
«Esto reduce la capacidad de reinversión, de adopción de tecnología y de crecimiento de la producción», advirtió. El problema adquiere mayor relevancia en un contexto internacional en el que Argentina compite con países que no solamente evitan gravar las exportaciones, sino que además destinan recursos públicos a respaldar a sus productores mediante infraestructura, financiamiento y distintos mecanismos de asistencia.
Qué debería cambiar en cada nivel del Estado
En su diagnóstico, Miazzo planteó que la mejora de la competitividad agroindustrial requiere revisar la estructura tributaria y las condiciones de producción en los tres niveles de gobierno.
En el ámbito municipal, señaló la necesidad de revisar las tasas viales desde la perspectiva de los productores y cuestionó las tasas de inspección que recaen sobre la agroindustria, a las que calificó como cargas regresivas y poco transparentes.
En las provincias, identificó a Ingresos Brutos como uno de los principales problemas, debido a su efecto acumulativo sobre las cadenas productivas. También destacó la necesidad de invertir en infraestructura básica, especialmente caminos rurales, energía y disponibilidad de agua.
A nivel nacional, consideró prioritario continuar con una reducción gradual y previsible de los derechos de exportación, mejorar el acceso al crédito, fortalecer la infraestructura y reforzar las capacidades del Senasa. También mencionó la importancia de avanzar en acuerdos comerciales, apertura de mercados y reintegros a las exportaciones agroindustriales, particularmente para las economías regionales.
Este último punto cobra especial importancia en un contexto de tipo de cambio relativamente apreciado, que condiciona la competitividad de las exportaciones argentinas. Miazzo puso como referencia la situación de Brasil, que recientemente devaluó su moneda y quedó en una posición de mayor competitividad cambiaria.
Además, cuestionó el diseño de dos regímenes de incentivos a la inversión. Por un lado, consideró que el RIGI quedó demasiado lejos de las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, especialmente las medianas. Por otro, señaló que el régimen excluye completamente a la industria, una limitación para las inversiones vinculadas con el agregado de valor.
Competir a pesar de las políticas
Más allá del diagnóstico tributario, Miazzo destacó que el sector agropecuario argentino conserva una capacidad competitiva que le permite sostener su protagonismo internacional incluso en condiciones desfavorables.
«El agro argentino es competitivo a pesar de las políticas y no gracias a ellas», afirmó. Para el economista, esa fortaleza constituye una oportunidad que podría aprovecharse mucho más si se corrigieran las distorsiones que afectan a la producción.
En ese sentido, sostuvo que una reducción de la carga tributaria, acompañada por mejoras en infraestructura, servicios y financiamiento, permitiría incrementar los volúmenes producidos, generar mayor valor agregado y ampliar el empleo.
El contraste con el resto del mundo es, para Miazzo, uno de los aspectos más preocupantes del informe. Mientras numerosos países incrementan los recursos destinados a respaldar a sus productores, Argentina continúa transfiriendo ingresos desde el sector hacia el Estado.
«El agro no pide ningún subsidio», aclaró, al señalar que la demanda central pasa por competir en condiciones similares a las de otros países.
La conclusión del economista es que el potencial productivo argentino no está en discusión, pero sí las condiciones en las que debe desarrollarse. «Hoy el mundo está aumentando el apoyo a la producción agropecuaria. Nosotros seguimos extrayendo. Y esa asimetría lo que nos hace es perder competitividad relativa».
El informe de la OCDE vuelve a poner números a una discusión histórica: la Argentina cuenta con uno de los sectores agropecuarios más eficientes y competitivos del mundo, pero mantiene un esquema de políticas que, en lugar de acompañar ese potencial, continúa restándole recursos.