La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social alcanzó a 7.199 entidades de todo el país. Un informe del Instituto de Investigación Cecilia Grierson, de Catamarca, analizó la medida y sus consecuencias.
La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la suspensión de la autorización para funcionar de 7.199 cooperativas y mutuales de todo el país por incumplimientos en la presentación de documentación asamblearia y estados contables correspondientes al período comprendido entre enero de 2023 y agosto de 2026.
La medida fue analizada en un informe elaborado por el Instituto de Investigación Cecilia Grierson, perteneciente a la Asociación La Carrillo de Catamarca, bajo el título “¿Cuidar o castigar?: El INAES y el alcance de la Resolución 2076/2026”. El trabajo, firmado por el licenciado Juan José Sánchez, advierte sobre las consecuencias económicas, laborales e institucionales que podría generar la decisión, especialmente entre las organizaciones de menor capacidad financiera.
De acuerdo con los datos del documento, el universo de entidades vigentes a junio de 2026 estaba integrado por 22.212 organizaciones: 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales. De ese total, la resolución alcanzó a 9.083 entidades, lo que representa el 40,89%.
Dentro de ese grupo, 7.199 fueron suspendidas: 6.667 cooperativas y 532 mutuales. La cifra equivale al 79,26% de las organizaciones analizadas y al 32,41% del total de entidades vigentes en el país.
Además, otras 1.438 entidades fueron intimadas a regularizar su situación, mientras que 439 quedaron transitoriamente exceptuadas de la medida. Estas últimas comprenden principalmente mutuales constituidas por colectividades y cooperativas prestadoras de servicios públicos, que serán sometidas a un relevamiento especial.
El informe también destaca un dato del relevamiento técnico realizado por la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR): el 74% de las cooperativas sancionadas, entre suspendidas e intimadas, registra atrasos de apenas uno o dos ejercicios contables. Además, muchas son organizaciones constituidas entre 2023 y 2025 que todavía atraviesan sus primeras etapas de funcionamiento institucional.
Las dificultades para regularizarse
Uno de los principales cuestionamientos del sector está relacionado con los costos que implica cumplir con las exigencias administrativas y contables. Desde las organizaciones cooperativas advierten que muchas no cuentan con los recursos necesarios para afrontar los honorarios de contadores, auditores y profesionales encargados de certificar balances y documentación legal.
En ese sentido, el informe recoge los planteos de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), que cuestionó la medida y sostuvo que, detrás del argumento de ordenar y regularizar el sector, existe el riesgo de debilitar iniciativas de organización laboral y economía solidaria.
Las entidades también advierten que la suspensión puede comprometer su capacidad operativa. La imposibilidad de realizar trámites ante el organismo y las restricciones derivadas de la medida pueden afectar la continuidad de las actividades, la facturación y el sostenimiento de los puestos de trabajo.
El impacto no se limitaría a las cooperativas de trabajo. El documento señala que también podrían verse afectadas las organizaciones que prestan servicios comunitarios, como agua potable, electricidad, gas e internet, particularmente en localidades pequeñas y zonas rurales donde muchas veces constituyen la única alternativa de acceso a esos servicios.
La discusión por los fondos del organismo
Otro de los aspectos centrales del trabajo es el destino de los recursos que financian al INAES. El informe sostiene que existe una contradicción entre las exigencias de regularización impuestas a las entidades y la utilización de los fondos destinados legalmente a promover y fortalecer el cooperativismo.
En particular, analiza el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (FONEDU), creado por la Ley 23.427, que se nutre de los aportes realizados por las cooperativas.
Según datos de COOPERAR citados en el documento, entre enero de 2024 y agosto de 2026 las cooperativas aportaron al Estado $171.664 millones a través de este mecanismo. Sin embargo, el INAES ejecutó durante ese período $46.336 millones, lo que dejó un saldo de $125.328 millones sin aplicación presupuestaria en el organismo.
La situación también se proyecta hacia 2027. De acuerdo con el análisis presupuestario incorporado al informe, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé una recaudación de $169.516 millones para el FONEDU, mientras que el gasto autorizado para el organismo asciende a $24.706 millones.
El documento cuestiona que esos recursos no se destinen prioritariamente a financiar asistencia técnica, capacitación y herramientas que permitan a las organizaciones cumplir con sus obligaciones administrativas.
En esa línea, también señala que, entre 2023 y 2026, la ejecución real destinada a promoción, capacitación y fomento cooperativo y mutual registró una caída del 57,22%, mientras que los recursos destinados a conducción y administración aumentaron un 40,88%.
Un debate sobre el rol del INAES
El informe plantea que la discusión excede el cumplimiento de las obligaciones contables y administrativas. El punto central es si el organismo debe limitarse a fiscalizar y sancionar a las entidades que presentan irregularidades o si también debe garantizar mecanismos de acompañamiento para que puedan regularizar su situación.
Entre las propuestas para revertir el escenario, COOPERAR plantea el levantamiento de las suspensiones, la derogación de la Resolución 1659/16, la creación de un programa de regularización con plazos extendidos de hasta 23 meses y la provisión de auditorías externas gratuitas para las cooperativas que no puedan afrontar esos costos.
También propone modificar la Ley 23.427 para coparticipar los fondos recaudados con las provincias y permitir que parte de los aportes de las cooperativas se canalicen a través de sus federaciones para fortalecer las políticas de formación y promoción.
La conclusión del trabajo del Instituto Cecilia Grierson es que el problema no se limita a la cantidad de entidades alcanzadas por la Resolución 2076/2026, sino también al destino de los recursos que el propio sector genera. En ese contexto, advierte que una política centrada en las sanciones, sin herramientas suficientes de asistencia y regularización, puede profundizar las dificultades de organizaciones que sostienen fuentes de trabajo y servicios esenciales en distintas comunidades del país.