Los sindicatos reclaman la liberación de fondos retenidos por el Gobierno y la actualización de los valores de medicamentos. La presentación judicial incluirá una denuncia contra el ministro de Economía por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.
Más de 50 gremios presentarán una acción judicial para reclamar fondos del sistema de salud que, según los dirigentes sindicales, permanecen retenidos por el Gobierno desde hace meses. El monto reclamado asciende a $688.000 millones y afecta a las obras sociales sindicales. La presentación cuenta con el patrocinio del líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.
El monto se divide en dos partidas. La primera corresponde a $288.000 millones depositados en un plazo fijo del Banco Nación, vinculados con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), utilizado para financiar reintegros a las obras sociales. El origen de esos recursos se remonta a 2023, cuando el entonces ministro de Economía Sergio Massa incorporó una partida adicional de casi $148.000 millones al Presupuesto Nacional, a pedido de la CGT. El dinero estaba destinado a financiar prestaciones críticas, entre ellas tratamientos vinculados con discapacidad. Una parte fue transferida posteriormente a las obras sociales, mientras que el monto restante se incrementó mediante los intereses del depósito bancario.
La segunda partida corresponde a unos $400.000 millones invertidos en Fondos Fima, provenientes de recursos relacionados con un acuerdo de pago de Osde. Esos fondos quedaron vinculados al Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los gremios sostienen que ambas partidas deben destinarse al financiamiento de las prestaciones médicas y cuestionan que continúen sin distribuirse. Un grupo de abogados trabaja en la redacción final de la presentación, que incluirá una denuncia contra Luis «Toto» Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de exigir la liberación de los fondos, los sindicatos reclamarán que el Gobierno actualice los valores del nomenclador utilizado para calcular los pagos estatales correspondientes a determinados medicamentos. Según los dirigentes, esos valores permanecen congelados desde hace aproximadamente tres años, lo que provoca que las obras sociales recuperen apenas el 10% de los montos que destinan a ese rubro.
La situación se agrava por el incremento de los costos médicos y las dificultades financieras que atraviesan numerosas entidades. En ese contexto, distintos sindicatos deben utilizar recursos propios para sostener el funcionamiento de sus obras sociales, una situación que también afecta sus finanzas.