El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, será juzgado este jueves en el Juzgado Correccional N.º 1 por el presunto delito de abuso de autoridad en calidad de autor. La audiencia estaba prevista para la semana pasada, pero se postergó debido al cambio de abogados defensores.
El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, comenzará a ser juzgado este jueves por el presunto delito de “abuso de autoridad en calidad de autor”, en el Juzgado Correccional N.º 1.
La audiencia de debate estuvo prevista para la semana pasada, pero como cambió de abogado defensor, se postergó el inicio. La defensa quedó a cargo de Jorge Bracamonte (H) y de Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo del letrado Luciano Rojas. El Tribunal les dio un margen de tiempo para que tomaran conocimiento del expediente y de las pruebas que serán expuestas durante el juicio oral y público.
A partir de las pruebas recolectadas la imputación contra Guaraz fue por abuso de autoridad en calidad de autor, en base a lo estipulado en los artículos 248 y 45 del Código Penal.
Para la Fiscalía, Guaraz utilizó atribuciones propias de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente. Esta causa se inició por lo sucedido en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta.
El expediente sostiene que en su función de intendente, rubricó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para decretar el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento «San Antonio», administrado por Shirli Claribel Cordero. Según la investigación judicial, el exjefe comunal impidió que la dueña abonara las tasas tributarias adeudadas mediante el bloqueo de las vías administrativas locales, con el objetivo de forzar la irregularidad del comercio.
De acuerdo con las actuaciones de la instrucción, el mecanismo utilizado consistió en impedir intencionalmente que la propietaria del establecimiento pudiera cancelar sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales.
Tras bloquear los canales administrativos ordinarios para la regularización de las deudas, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial. Para la Fiscalía, el sujeto usó el poder comunal para castigar a la dueña del local tras sus reiteradas negativas a los acercamientos personales y a las propuestas de índole sexual. La Corte de Justicia de Catamarca intervino en octubre de 2021 y dejó sin efecto el decreto de clausura por unanimidad, lo que permitió la reapertura del inmueble al evidenciarse la ilegalidad de la medida ejecutiva.
El exintendente purga condena en el penal de Miraflores. En septiembre de 2024, un tribunal colegiado lo condenó a nueve años de cárcel tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada, por un hecho ocurrido en 2019 contra una menor. La Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de la defensa en febrero de 2026, dejó firme el fallo y ordenó su inmediato traslado al penal.