Según datos del Centro de Estudios de la UIA, el 59,9% de las empresas considera que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto sobre su actividad. El Instituto Argentina Grande consignó que las importaciones de bienes de consumo sumaron 941 millones de dólares en agosto, un 44,6% por encima del promedio mensual de 2015-2019.
Un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) indica que el 59,9% de las empresas considera que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto sobre su actividad, una proporción que subió cinco puntos porcentuales en un año. En el Noroeste argentino y en las zonas fronterizas, el 56,5% de las industrias advierte un agravamiento por el flujo no registrado desde países vecinos.
El Instituto Argentina Grande consignó que las importaciones de bienes de consumo sumaron 941 millones de dólares en agosto, un 44,6% por encima del promedio mensual de 2015-2019, mientras la industria se ubica un 11% por debajo de su nivel de 2023. Al mismo tiempo, cayeron las compras de bienes de capital. El informe señala que no toda la retracción industrial puede atribuirse a las importaciones, ya que también inciden la debilidad del consumo y los costos internos.
Respecto del contrabando, las cámaras empresarias sostienen que se ha multiplicado. La Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (AFARTE) afirma que, en artículos electrónicos, el contrabando pasó de representar entre el 5% y el 7% del mercado a cerca del 30% en los últimos dos años. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, declaró que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado.
La UIA advirtió ante la Aduana que la competencia desleal también se manifiesta en productos que ingresan sin cumplir reglamentos técnicos, sin certificaciones obligatorias y con problemas de trazabilidad. Juguetes, artefactos eléctricos, cargadores, indumentaria infantil, medicamentos o alimentos sin homologación ni control sanitario llegan a los consumidores sin garantía alguna de seguridad.
El Gobierno nacional implementó una política de apertura comercial y desregulación con el propósito declarado de bajar los costos de los insumos, eliminar distorsiones y poner fin a abusos de sobrefacturación y subfacturación. Entre las medidas adoptadas se incluyen la eliminación de estampillas y controles cualitativos previos, la ampliación de los topes del régimen de courier y la migración hacia una fiscalización posterior basada en perfiles de riesgo.