La Justicia desestimó el pedido de la defensa por el riesgo que sufre la víctima y la seguidilla de denuncias. El imputado deberá afrontar el debate oral y público.
El fiscal correccional N°3, Víctor Ariel Figueroa, se opuso a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa de un hombre acusado de hechos de violencia contra su expareja. El juez correccional N°3, Ricardo Javier Herrera, coincidió con los fundamentos del Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido mediante una resolución del 13 de octubre. El hombre está acusado de los delitos de “coacción”, “daños” dos hechos y “violación de domicilio y desobediencia judicial en concurso ideal”, todos en concurso real y en calidad de autor.
Los fundamentos de la Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que los hechos imputados al sindicado no serían episodios aislados, sino parte de una sucesión de situaciones denunciadas que revelarían la persistencia de un riesgo para la mujer.
En ese contexto, Figueroa sostuvo que la suspensión del juicio a prueba no constituía una respuesta suficiente frente al deber del Estado de proteger a la víctima. Por ello, solicitó que la causa continuara hacia un juicio oral, donde pudieran examinarse las pruebas y debatirse los hechos para determinar la responsabilidad penal del imputado.
Para el fiscal, la reiteración de los episodios denunciados y la persistencia de una situación de riesgo justificaban que el caso se resolviera mediante ese debate, en lugar de suspender el proceso bajo reglas de conducta.
Resolución
Al resolver, el juez consideró que la oposición fiscal era razonable y estaba debidamente fundada. Destacó que el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal y representante de los intereses de la sociedad, tiene la función de ponderar si corresponde una salida alternativa o si el caso debe resolverse mediante un juicio oral.
Herrera compartió la preocupación del fiscal por la persistencia de un riesgo y valoró, entre otros aspectos, la sucesión de episodios denunciados y la acusación por incumplimiento de medidas judiciales de protección.
Asimismo, señaló que los informes socioambientales incorporados no resultaban suficientes para despejar esas dudas y que faltaba una evaluación de riesgo concreta y actualizada que permitiera valorar las condiciones de seguridad de la víctima.
Por estos motivos, rechazó la solicitud presentada por el defensor oficial N°6, Estanislao Reinoso Gandini, y dispuso que las actuaciones continuaran según su estado.
La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, permite suspender el proceso bajo determinadas condiciones y reglas de conducta, sin una sentencia condenatoria. En este caso, el pedido fue rechazado, por lo que la causa continuará su trámite.
Los hechos que serán debatidos habrían ocurrido en septiembre y noviembre de 2024. Según la acusación, el hombre habría amenazado a su expareja para que no lo denunciara, dañado su teléfono celular y una puerta de la vivienda. En un episodio posterior, habría ingresado sin autorización al domicilio de la mujer, pese a tener vigente una prohibición judicial de acercamiento e ingreso. Se mantienen en reserva las identidades y otros datos que podrían permitir la identificación de la víctima.