La diputada nacional declaró que tomó conocimiento de hechos de abuso sexual, violencia y acoso en la residencia presidencial y anticipó que presentará una denuncia judicial. No reveló nombres ni detalles para proteger a las presuntas víctimas.
La diputada nacional Marcela Pagano afirmó que recibió testimonios sobre presuntos hechos de abuso sexual, violencia y acoso dentro de la Quinta de Olivos y anticipó que trabaja en una presentación ante la Justicia. La legisladora sostuvo que decidió mantener bajo reserva los nombres y los detalles de los casos para proteger a las personas que, según declaró, ya dieron su relato y tienen temor.
Durante una entrevista con La Voz en Vivo, Pagano fue consultada específicamente sobre si sus referencias a situaciones de violencia dentro de la residencia presidencial estaban vinculadas con presuntos abusos sexuales. «Exactamente», respondió la diputada, quien explicó que no brindará más información por el momento para preservar a las presuntas víctimas.
«En Olivos hay gente que no entiende cuando una mujer dice que no», afirmó Pagano al referirse a los hechos que asegura conocer. La legisladora agregó que se trata de algo que, a su entender, la sociedad argentina ya comprende, pero sostuvo que «algunos que incluso prestan servicio muy cerca del presidente no lo entienden».
La diputada aseguró además que cuenta con personas identificadas «con nombre y apellido» que necesitan resguardo. «Quiero en este caso en particular, Daniel, proteger a las víctimas. Hay personas con nombre y apellido que merecen un resguardo, que están asustadas, que ya dieron su relato», señaló durante la entrevista.
En ese sentido, Pagano sostuvo que conoce lo ocurrido en la residencia oficial: «Sé perfectamente lo que ocurre en el lugar en donde duerme el presidente de la Nación». Ante la repregunta sobre si hablaba concretamente de casos de abuso sexual dentro de la Quinta de Olivos, ratificó su afirmación.
La legisladora explicó que no difundirá todavía mayores precisiones porque, según sostuvo, existen «relatos en primera persona» que primero deben ser abordados y cuyos protagonistas necesitan protección. «Hay personas que tienen mucho miedo y que han sufrido destrato, violencia y un acoso sistemático», afirmó.
Pagano evitó identificar públicamente a las personas involucradas o precisar cuándo habrían ocurrido los hechos. Según explicó, esa decisión responde a la necesidad de preservar a quienes le acercaron sus testimonios antes de avanzar con una eventual presentación judicial.
Las declaraciones se producen en medio del enfrentamiento que Pagano mantiene con el Gobierno de Javier Milei por una serie de denuncias sobre el funcionamiento de la Quinta de Olivos.
En los últimos días, la diputada había cuestionado la utilización de personal de la residencia presidencial en un evento privado y difundido una póliza de BBVA de marzo de 2024 en la que, según afirmó, figuraba Javier Sosa, quien se desempeñaba como encargado de la Quinta, como parte del personal de catering. Pagano vinculó ese documento con un evento realizado en GEBA y con una productora que posteriormente fue contratada por la Secretaría General de la Presidencia.
También cuestionó las compras de alimentos destinadas a Olivos y la Casa Rosada y mencionó una licitación por unas 29 toneladas de carne por más de $500 millones. Esas denuncias forman parte de una presentación que, según la propia legisladora, ya llegó a los tribunales de Comodoro Py.
La referencia a los presuntos abusos sexuales, sin embargo, constituye un nuevo capítulo. Hasta el momento, Pagano no difundió públicamente elementos que permitan establecer quiénes serían las víctimas, quiénes los presuntos responsables o las circunstancias concretas de los hechos. Por ese motivo, las acusaciones deben ser presentadas como afirmaciones de la diputada pendientes de investigación y corroboración judicial.
Pagano sostuvo que su prioridad es resguardar a las personas que le dieron sus testimonios y anticipó que la cuestión será llevada al ámbito judicial. La eventual presentación permitirá determinar el alcance de las acusaciones, la existencia de pruebas y las responsabilidades que pudieran corresponder.