La expresidenta formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se revise la Causa Vialidad y se deje sin efecto la inhabilitación perpetua. Sus abogados sostienen que se violaron derechos fundamentales durante el proceso judicial.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la Causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión domiciliaria, y se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los abogados de la exmandataria, Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español), afirmaron que se violaron derechos fundamentales durante el proceso judicial. Por ese motivo, llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos del organismo internacional con el objetivo de que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos.
La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2. La defensa de Cristina Kirchner busca que el caso sea tratado en octubre durante la próxima sesión del Comité.
El Comité tiene sede en Ginebra y está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron. Sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en cuestiones políticas e institucionales de los países y se mencionan como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.
Nuevas pruebas de la defensa
El pasado martes 15 de septiembre, en conferencia de prensa, Beraldi declaró: «Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%».
Para Beraldi, «ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez». Agregó que «sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento».