El máximo tribunal resolvió que la Justicia federal investigue una denuncia del abogado Adolfo Alejandro Verra contra su ex cliente por la administración de piezas artísticas embargadas en una causa civil.
La Corte Suprema de Justicia resolvió que la Justicia federal deberá investigar la denuncia presentada por el abogado Adolfo Alejandro Verra contra su ex cliente, el empresario Matías Garfunkel, por el manejo de una serie de obras de arte que se encontraban bajo su tutela.
La decisión se tomó a partir de un conflicto de competencia entre distintos tribunales y se basó en un dictamen de la Procuración General de la Nación. La denuncia está vinculada con la situación judicial de varias piezas artísticas que habían sido embargadas y cuyo depositario había sido designado el propio Garfunkel.
Según se desprende del dictamen sobre el que se basó la Corte Suprema para dictar su fallo, Garfunkel habría presentado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 1 una serie de licencias de exportación expedidas por el Ministerio de Cultura de la Nación diciendo ser un poseedor de buena fe de esas piezas, pero Verra sostuvo que esa información era falsa y que sólo era un depositario designado en el marco de una causa civil, por lo que no podía disponer libremente de esos bienes.
Se trata de la causa civil que abrió Verra al reclamarle a Garfunkel el pago de honorarios por haberlo representado en su primer divorcio con Mariana Gersztein. En esa causa la justicia dispuso el embargo de las obras de arte de Garfunkel y designó al propio empresario como depositario judicial de las mismas. En ese marco, el propio Verra denunció penalmente a Garfunkel.
La presentación se hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.° 62. Ese juzgado, a instancia del fiscal, envió el caso a la justicia federal por entender que los hechos habrían afectado al Estado Nacional, a través del Ministerio de Cultura. El juzgado federal 6 recibió el caso, pidió informes y rechazó el caso por prematuro.
La diferencia entre los tribunales generó un conflicto de competencia que finalmente llegó a la Corte Suprema. Con base en el dictamen de la Procuración General de la Nación, el máximo tribunal resolvió que la investigación deberá continuar en el ámbito de la Justicia federal.