Alejandro Vilches informó a la Justicia federal que el organismo pagó insumos médicos y ortopédicos hasta 20 veces más caros que el PAMI, sin licitación. La Cámara Federal confirmó procesamientos contra Diego Spagnuolo y otros 18 imputados.
El exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó a la Justicia federal que el organismo pagó insumos médicos y ortopédicos a precios de hasta 20 veces superiores a los del PAMI, sin licitación ni compulsa previa. Sus reportes describen «sobreprecios sistemáticos» durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Las conclusiones surgen de una auditoría interna que Vilches ordenó al asumir en agosto de 2025, tras el desplazamiento de su antecesor. Los informes, de octubre y diciembre del año pasado y de abril de este año, fueron remitidos al juzgado que investiga el presunto cobro de coimas en la agencia. El funcionario, que luego quedó al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, renunció al cargo el 21 de septiembre.
Según trascendió, el análisis de más de 500 expedientes apuntó a nueve proveedores que facturaron al Estado más de $25.000 millones, entre ellos Indecomm, Farma Salud, Droguería Floresta, Ortopedia Bernat, Imnova y Expo Trauma.
Uno de los casos citados es el de Farma Salud, que cobró $425 millones por un sistema de válvulas transcatéter que el PAMI había adjudicado meses antes a otra firma por $124,2 millones. Una válvula pulmonar autoexpandible le costó a la ANDIS $295,1 millones, frente a $36,4 millones en el organismo previsional. En el rubro ortopédico, una silla estándar de acero se facturó a $11,5 millones, cuando en el mercado local no supera los $500.000.
La intervención también detectó una factura de Indecomm por $28,7 millones que se pagó dos veces. Además, advirtió que Artrobone e Imnova compartían domicilio y que sus presidentes serían madre e hijo, lo que interpretó como una posible competencia simulada.
Los problemas se extendieron a los padrones. En el de pensiones no contributivas por invalidez aparecieron 114 titulares privados de la libertad, y un cruce con el Renaper identificó a 178.254 personas fallecidas.
Desde el entorno de Spagnuolo rechazaron cualquier responsabilidad en las contrataciones. Sostuvieron que el exfuncionario no elegía proveedores ni adjudicaba órdenes de compra, y que las adquisiciones en emergencia no pueden compararse con las de largo plazo.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otros 18 imputados.