El exdiputado provincial Alfredo Marchioli y el abogado Fernando Navarro, vicepresidente de la UCR, solicitaron al Gobierno provincial que explique la habilitación a EC SAPEM para mantener el cobro de la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA) en las facturas de energía. El pedido coincide con el vencimiento del plazo de cinco días otorgado por la Corte de Justicia al Ministerio de Desarrollo Productivo para responder en la causa.
El exdiputado provincial Alfredo Marchioli y el abogado Fernando Navarro, vicepresidente de la UCR, reclamaron al Gobierno provincial que explique por qué habilitó a EC SAPEM a mantener en las boletas de luz el cobro de la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA). El pedido coincidió con el vencimiento del plazo de cinco días que la Corte de Justicia le otorgó al Ministerio de Desarrollo Productivo para responder en la causa.
La cartera productiva había sido notificada el 18 de septiembre, después de que el máximo tribunal resolviera incorporarla al expediente. La decisión llegó tras una audiencia de conciliación sin acuerdo entre la distribuidora y los amparistas.
El eje de la disputa es la Resolución 124/2025, que el Ministerio dictó cuatro meses después de que Marchioli, Navarro y un grupo de usuarios presentaran un amparo colectivo contra el cobro. La norma autorizó a la empresa a continuar con el traslado de la tasa a las facturas.
Marchioli sostuvo que EC SAPEM no pudo justificar por qué los usuarios deben pagar un tributo originado en una ocupación del espacio que realiza la propia prestataria. También cuestionó la secuencia de los hechos: si la distribuidora ya estaba en condiciones de cobrar el concepto, planteó, no se entiende por qué el Ejecutivo tuvo que autorizarlo después de que los vecinos recurrieran a la Justicia. Y preguntó qué pasa con lo abonado antes de esa autorización.
Para el exlegislador, la resolución pone la responsabilidad directa en la gestión provincial. Según su lectura, se trató de una decisión concreta del Gobierno, que dictó la norma y por eso debe explicar con qué fundamentos lo hizo.
El reclamo se remonta a febrero de 2025, cuando ambos dirigentes radicales exigieron por escrito al directorio de EC SAPEM que dejara de trasladar el tributo municipal a los usuarios residenciales. La empresa rechazó el pedido: admitió ser el sujeto obligado principal ante el municipio, pero invocó el contrato de concesión, que a su entender la faculta a transferir ese costo. Ante esa respuesta, los amparistas acudieron a la Justicia.
El planteo no discute la potestad de los municipios para fijar una tasa por el uso del espacio público. Lo que objeta es que ese costo recaiga en el usuario final en lugar de ser absorbido por la distribuidora, dueña de los postes y del cableado.
A mediados de mes, Marchioli había sumado otro argumento al invocar un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre tasas municipales, que a su criterio ratifica que es la empresa y no los vecinos, la que debe hacerse cargo del pago.
En el día del vencimiento del plazo, el exdiputado exigió que el Gobierno rompa el silencio y dé una respuesta clara sobre el cobro. “Sube la energía, sube la tasa y paga siempre el vecino”, disparó.