La disposición 5461 establece un cargo del 1,5% al 1,25% sobre el valor de productos importados, con topes de 5 y 12 millones de pesos. Entró en vigencia en septiembre y afecta a pacientes con patologías graves y personas con discapacidad.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud, aplica un arancel por la intervención del organismo en el despacho a plaza de productos importados, según la disposición 5461.
La medida establece un cargo del 1,5% del valor de la mercadería y de 1,25% para operaciones de mayor monto, con topes de 5 millones de pesos para productos médicos y 12 millones de pesos para medicamentos. Entró en vigencia en septiembre.
El pago del arancel es condición para continuar cualquier trámite. Hasta la fecha, no se dictó el procedimiento ni el código de pago para aplicar el nuevo arancel, por lo que están frenados los trámites de pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no cuentan con un canal de atención definido.
El cobro se concentra en las importaciones de mayor complejidad y valor: dispositivos médicos Clase III y IV y medicamentos de alto costo. Como el arancel crece con el precio del producto, cuanto más caro es el tratamiento, mayor es el monto a pagar.
Fuentes del sector señalan que la disposición agrega un costo a los financiadores del sistema de salud y contradice la Resolución 1388 del Ministerio de Economía que exime de derechos de importación y tasas aduaneras a los medicamentos y bienes que las personas con discapacidad necesitan para su tratamiento o rehabilitación.
El ministro de Salud, Mario Lugones, advirtió internamente que no aceptará pedidos de exención y que las otorgadas hasta ahora quedan sin efecto.
La medida se produce en un contexto de discusión por el ajuste en discapacidad en el presupuesto y en línea con la posición de laboratorios locales que lidera Hugo Sigman, imputado por el escándalo de las vacunas contra el Covid, en la pulseada con el ministro Federico Sturzenegger para abrir la importación a medicamentos.
Obras sociales y prepagas advierten que esta imposición amenaza con agravar su situación financiera.