La tercera anulación de la elevación a juicio en el caso Paucará, la demora en el caso de doble abuso sexual y los planteos en la causa contra el diputado Javier Galán marcan la agenda judicial de la provincia.
La tercera anulación de la elevación a juicio del caso Paucará, ocurrida esta semana, se suma a otras causas judiciales que registran demoras procesales en Catamarca. El expediente por un doble abuso sexual perpetrado en 2018 y la investigación sumaria contra el diputado Javier Galán también presentan avances limitados.
Caso Paucará
Ricardo Paucará fue sometido a golpizas y torturas en la Comisaría Décima el 20 de julio de 2015. Como consecuencia, debió someterse a cirugías en las que le extirparon varios metros de intestinos. A más de 11 años de los hechos, la elevación a juicio de la causa fue anulada por tercera vez debido a defectos en el requerimiento del fiscal. Las dos anulaciones anteriores tuvieron el mismo motivo, aunque los fiscales y jueces de Garantías eran otros.
Los abogados de los cinco policías acusados solicitaron el sobreseimiento de sus clientes y plantearon la recusación de la jueza de Garantías, a quien le atribuyen adelanto de opinión.
Doble abuso sexual
El doble abuso sexual habría ocurrido en julio de 2018 en una casa de Sumalao. Dos acusados fueron condenados a diez años de prisión en mayo de 2023 por la Cámara de Sentencia en lo Criminal Nº 2, pero la Sala Penal de la Corte de Justicia anuló la sentencia en dos oportunidades por falta de fundamentación.
Al anularse la sentencia pero no el juicio, el tribunal, con una composición distinta, debe dictar un nuevo fallo. La audiencia fue postergada para el 15 de septiembre. Esta semana, uno de los sospechosos presentó una denuncia contra la joven denunciante.
Causa contra Javier Galán
El diputado Javier Galán fue acusado por cuatro personas y tiene abiertas desde abril causas penales por abuso sexual, peculado de servicios, exacciones ilegales y amenazas. Estas causas no avanzan debido a que Galán está amparado por fueros legislativos.
La Justicia de Garantías aún no ha solicitado el desafuero a la Cámara de Diputados porque la defensa del legislador presentó planteos que incluyeron la recusación del juez, la caducidad del procedimiento por vencimiento de plazos y la apelación a un pedido de desafuero. La Cámara de Apelaciones rechazó la caducidad y declaró la inconstitucionalidad del artículo del Código de Procedimientos que fija en dos meses el plazo para la investigación sumaria. La misma Cámara debe expedirse sobre la apelación al pedido de desafuero. El abogado del diputado anticipó que recurrirá a la Corte de Justicia si es necesario.
Las causas penales contra Galán no pueden avanzar mientras tenga fueros, y el desafuero no puede iniciarse hasta que la Justicia lo solicite. El procedimiento de desafuero es político y requiere mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El oficialismo no cuenta con esa mayoría.
Según el Código de Procedimientos Penales, la Fiscalía no puede avanzar en medidas contra un legislador que incluyan detención, convocatoria a indagatoria, allanamientos o secuestros de dispositivos electrónicos.