La Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar fondos a obras sociales y prepagas, interrumpiendo la cadena de pagos a prestadores de discapacidad. Profesionales anuncian suspensión de tratamientos y movilización para el lunes.
La Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar los fondos a las obras sociales y prepagas, lo que interrumpió de manera generalizada la cadena de pagos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. La medida afecta a terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros profesionales del sector.
Una prestadora consultada por InfoGremiales explicó el circuito de pago: «El profesional o terapista factura, lo manda a la obra social, la obra social lo presenta a la Superintendencia, la Superintendencia le liquida a ARCA, ARCA transfiere a la cuenta de discapacidad y las obras sociales transfieren a los prestadores. Lo que pasó es que se interrumpió la transferencia, no sabemos si de Superintendencia a ARCA o de ARCA a las obras sociales. A esta altura del mes tenemos la mayoría de las transferencias pero hoy tenemos cero pesos».
La misma fuente indicó que «no se sabe si es ARCA o qué pero deben mayo, incluso desde antes. Dicen que hoy, que mañana pero hace 10 días esperamos. Nos organizamos. El lunes se suspenden tratamientos y vamos a marchar. Los grupos están prendidos fuego».
El martes 25 de agosto, el Gobierno oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a agosto, mediante la Resolución 2775/2026 firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches. El ajuste se aplicó sobre la variación del IPC de julio. La prestadora consultada sostuvo: «En el medio están dando aumentos mensuales de centavos, entonces es un disparate: por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan. Bah, es la perversión de este gobierno».
La Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) advirtió que el origen del problema estaría vinculado a un déficit en la recaudación de ARCA, que no logró completar lo previsto como consecuencia de la caída del empleo formal. Desde la entidad alertaron que, de persistir la demora, «el sistema de atención a personas con discapacidad podría ingresar en un estado de crisis terminal, poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad en toda la Argentina».
El miércoles, la oposición intentó incorporar al debate en Diputados la extensión de la emergencia en discapacidad, pero no alcanzó la mayoría agravada necesaria. El planteo reunió 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra, mientras la UCR y el MID se abstuvieron. Los bloques opositores aseguraron tener los votos para avanzar en una sesión especial, que quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12 horas.
En Mar del Plata, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) convocó a una movilización este jueves frente a la Municipalidad con el lema «Trabajamos, cumplimos, no cobramos». En Córdoba, la Cámara de Prestadores se declaró en estado de alerta. La abogada de la asociación Incluime, Mariela Peña, declaró: «Se cortó la cadena de pagos y no cobraron las prestaciones de mayo y junio, que debían percibirse en agosto. ¿Qué trabajador o familia puede sostener esta crisis?».
El lunes 31 se suspenden tratamientos y el sector prevé marchar hasta obtener respuestas.