La Fiscalía de Instrucción nº7, a cargo de Paola González Pinto, amplió la investigación sobre títulos docentes emitidos por el IES Clara J. Armstrong, tras la denuncia del Ministerio de Educación. El número de casos bajo sospecha asciende a casi 200.
La Fiscalía de Instrucción nº7, a cargo de Paola González Pinto, avanza en la investigación sobre casi 200 títulos docentes emitidos por el IES ‘Clara J. Armstrong’ que presentarían irregularidades. La denuncia inicial, presentada por el Ministerio de Educación en abril, involucraba a 35 títulos y tres personas, pero con la ampliación de la denuncia el número de involucrados creció.
Según información oficial, el personal denunciado se encuentra bajo sumario administrativo en el Ministerio de Educación. La Fiscalía intenta determinar si existió delito, aunque hasta el momento no se registraron imputaciones formales.
Las irregularidades fueron detectadas al contrastar las planillas digitales con el soporte físico de los títulos emitidos. Como próximos pasos, se tomarán más testimonios y no se descarta realizar una pericia informática.
El SIDCA, a través de su secretario Sergio Guillamondegui, advirtió que la maniobra podría extenderse desde 2018 y que el número de títulos apócrifos superaría el centenar. Guillamondegui señaló que el mecanismo requería el uso de dos credenciales institucionales: una correspondiente a la persona que redactaba los títulos y otra a la rectora, quien los firmaba. También mencionó la existencia de un Libro Matriz paralelo dentro del IES.
En relación al perjuicio, Guillamondegui afirmó que la inscripción de personas con títulos irregulares en la Junta de Clasificación altera el orden de mérito y afecta a los docentes correctamente titulados. Además, si los títulos irregulares fueron utilizados para obtener cargos y percibir haberes, podría configurarse un fraude al Estado Provincial.
El 10 de agosto, el Gobierno puso en funciones una Comisión Normalizadora para intervenir el IES. La ministra de Educación, Verónica Soria, explicó que se trabaja para regularizar la situación legal del Instituto y emitir los títulos pendientes. El Ministerio señaló que las medidas buscan garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger los derechos de los estudiantes.